Ajuste y provocación ante la masividad de la calle

Por  Silvana Melo

(APe).- Mientras todas las previsiones -las propias y las ajenas- sentían, como los animales cinco minutos antes del tsunami, que la marcha del 12 de mayo sería multitudinaria, la emocionalidad importante del presidente tomó el presupuesto por los cuernos y le cortó 3,2 billones de pesos. Que son unos tres millones de millones. Todos abonando canallamente la necesidad de la gente sometida a un castigo histórico. Que a la saña presidencial le encanta profundizar hasta la perversión.

Pero fundamentalmente fue intentar destituir la maravilla de la reacción colectiva. Eso que no puede tolerar y que es la esencia de ese país intemperante que le tocó presidir. Y que es fruto de aquello que necesita destruir y no le sale. La gente en la calle, intempestiva, intransigente, que soporta pero tiene límites y esos límites son las piedras fundacionales de su historia. La universidad pública, la educación pública la constituyen. Y son el fuego de la  desobediencia, de  la  indisciplina que  activa la emocionalidad importante del presidente, como definió Patricia Bullrich los  gritos en la reunión de  gabinete.

Porque el presidente de la caterva  gobernante ya sabe  que no puede con esa desobediencia. Entonces rompe. Incontinente en su vehemencia, no destroza copas de vidrio contra la pared, sino que hace bollos con las  páginas  del presupuesto  2026 que concedían fondos a salud y educación, aviva  los fuegos  de sus  salamandras con las leyes -recontra aprobadas por el Congreso- de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad y asegura que centenares de miles de personas en la calle diciéndole que no en todo el país son apenas el dos por ciento de la  población. Y suena como el apenas un periodista de su inexplicable  jefe  de  gabinete. Sólo sostenido porque es su hermana y si se va es como si se fuera su mitad. El presidente tiene una emocionalidad importante.

Ese jefe de gabinete que  sigue insistiendo  en tener autoridad  moral para ser jefe y sostener su infame altanería, firma  la Decisión Administrativa 20/2026 para recortar fondos imprescindibles en salud y educación, asfixiar a las provincias y financiar planes para despedir a trabajadores públicos.

A Salud las firmas de Adorni y Caputo -después del berrinche presidencial- le quitaron 63.021 millones de pesos. Lo más duro le tocó al acceso  a medicamentos y tecnología médica  (20 mil millones) sumado a  la desfinanciación total del Plan Remediar que comenzó en mayo y afectó a 20 millones de  personas.

Lo más despiadado: Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer, 63.021 millones. Las ayudas sociales para pacientes oncológicos, 5.000 millones. El recorte se extendió a salud sexual, VIH, trasplantes y salud mental.

La sangría educativa totaliza un recorte de 78.768 millones de pesos: el Plan Nacional de Alfabetización -que  fue anunciado en 2024 como  política de  estado- recibió una poda de más de $35.000 millones. Del Fondo de Compensación Salarial Docente se eliminaron casi $9.000 millones destinados a equiparar sueldos provinciales.

Como donación especial a las universidades  nacionales, a horas de la marcha del 12, se les puso  freno  a obras de infraestructura por $5.303 millones. Las más  afectadas son La Plata (UNLP), San Martín (UNSAM) y Avellaneda (UNDAV).

El ajuste sobre las provincias es lapidario: supera los $970.000 millones. Los 502 millones de pesos para obras en el tramo Cañuelas de la  Ruta 3, donde la gente se mata por la falta de obra pública y nadie  se está  haciendo  cargo de  esas muertes, y los 940 millones para obras de mantenimiento vial en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires que se acaban de  recortar siguen atentando contra la vida. Como la mayoría esencial del ajuste del 11 de mayo para escarmentar a la plaza  del 12. Todo para lograr  el 2% de superávit fiscal que el presidente que comprometió con el FMI. A costa de lo que sea.

Ahora la ley que la plaza le exigió al presidente está en manos de la Corte. Un trío con voz del poder que pocos dudan para dónde hablarán. Para eso se han tomado ciertos recaudos desde el presidente y su ministro de justicia. Se enviaron pliegos judiciales donde hay uno con un apellido sugestivo: Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti presidente de la Corte Suprema, (quien no obtuvo el mejor puntaje en las dos instancias) como candidato a Juez del Tribunal Federal de Santa Fe. Otros  candidatos interesantes  son María Julia Sosa, secretaria del Juzgado de Julián Ercolini y Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación por el caso $LIBRA, que involucra al presidente  y a su hermana.

Si la Corte le da la razón al presidente se romperá  la república. Se acabará  la división de poderes. No tendrá sentido la existencia del Congreso. La justicia se sentará  en  su propio banquillo. Y se pondrá  en  discusión la viabilidad de la democracia.

Entonces será la plaza, otra vez.

Esa  plaza que soportó al helicóptero de  la policía federal sobrevolando constantemente a  la multitud para filmarla  y que no se  escucharan los  discursos. Esa plaza donde  miles y centenares de miles  se juntaron para defender  sus  privilegios. El privilegio a educarse, a estudiar en la universidad, a tener cerca un hospital donde  no morirse en una  guardia, a  tener trabajo, a ganar un salario  digno. Estos privilegios construyen sujetos políticos decididos a jugarse por su propio destino, por construir su rumbo y sostenerlo. Eso es lo que determinó destruir el presidente y su caterva gobernante. Porque de esos privilegios surgen los desobedientes, los indisciplinados, los que pretenden que la justicia sea justicia, los que no aceptan que se hable por su boca.

De ahí surge el  peligro, la resistencia, los que ponen el cuerpo para oponerse a la desactivación completa de lo que quedaba del país para poner en marcha un  territorio para unos pocos multimillonarios y la intemperie para el resto.

Es en este mismo momento cuando ese país está en juego. Cuando la vida de todos está en  juego.

Desde distintos sectores académicos y científicos interpretaron la medida como un castigo directo a la comunidad universitaria y a quienes vienen resistiendo las políticas de desfinanciamiento.

La medida redujo en términos netos $2,5 billones de la Administración Central, equivalente al 1,6% del gasto, mientras el Ejecutivo proyecta elevar el superávit fiscal anual hasta los $3,2 billones. Según explicó el oficialismo, el objetivo es cumplir con la directiva presidencial de bajar 2% de los gastos discrecionales para sostener la meta acordada con el FMI.