Justicia Divina: el largo camino de Asunción Avalos

Por Martina Kaniuka

(APe).- A sus 91 años, Don Asunción Ávalos ve poco, camina lento, pero tiene la fuerza de veinte caballos juntos. Tenía 70 cuando empezó a correr detrás de la justicia que se rifa en la provincia de Neuquén entre los mercaderes del poder, las fuerzas de seguridad del estado y los terratenientes extranjeros que se lotean nuestro territorio. Con una bolsita plástica para papeles y alguna cosa necesaria, empuñando el bastón recorrió cada mes de esa veintena de años el trayecto que separaba Picún Leufú de la capital neuquina.

“Conesfe”, así nombró a la chacra que construyó al llegar de Misiones, para sus hijos. Constancia, Esperanza, Fe. Y con Constancia, Esperanza y Fe y algunas de sus cositas, durante 21 años Don Asunción recorrió los juzgados con un único pedido: que le devuelvan a su Sergio.

Sergio estudiaba en el Comahue. Tenía 18  años y había salido a bailar con una decena de amigos de la residencia estudiantil y, como sucede en los boliches bailables, los patovicas empleados, extrañando el abuso en el uso de la fuerza que portan las fuerzas de seguridad retiradas, lo golpearon y retuvieron en el boliche. Fue la madrugada de un domingo del día del padre en 2003. Nunca volvió a aparecer.

Lo que siguió a continuación, es igual de ilógico y desmedido que las represiones que las comunidades mapuche sufren con el gobierno de Rolando Figueroa. Como suele sucederles a los pobres cuando acuden a la justicia y se encuentran que en realidad no es ciega y tiene los ojos enquistados en el bolsillo más caudaloso, en la crueldad mejor paga y la hijadeputez más evidente, Don Asunción y su familia fueron víctimas del sistema que, habilitando 12 mil hectáreas a los Joe Lewis, en la misma mapu les niega el cuerpo de su hijo.

Señalan Leandro Aparicio y Sergio Heredia, sus abogados, que la causa estuvo mal investigada adrede y que, si desde un principio hubieran detenido a los responsables, ya alguno de los implicados hubiera dicho dónde está el cuerpo.

“Nos generaría paz saber dónde está y qué hicieron con él. No pudo estar con nosotros, con su trabajo, y nosotros como familia, es difícil la ausencia de un miembro en cada una de las fiestas, nuevas personas que se han incorporado y no lo conocieron, pudieron verlo a través de la foto, o como familia uno cuenta cómo era Sergio”. Mercedes, su hermana, ruega: “Que alguno se quiebre y pueda decirnos dónde está”.

Porque en el país donde todavía hay personas cuestionando la cantidad de desaparecidos que dejó la dictadura, hay jueces que regalan el beneficio de la duda a las fuerzas de seguridad y burocratizan el dolor de la ausencia, disfrazándola con un número de expediente y las palabras abstractas y frías del lenguaje legal, que no dicen ni reemplazan lo que ya no puede estar.

Como con el caso de la familia Maldonado, pidiendo justicia por su hijo asesinado y desaparecido por gendarmería, como Gualberto Solano, el  papá de Daniel, sosteniendo un acampe frente a los tribunales, para que la justicia castigue a la patota policial que Expo Fruit y Kleppe, contratistas de trabajadores golondrina, mandó a asesinar.  Como Andrés de la Torre, papá de Tehuel, asesinadx por quienes le habían ofrecido trabajo. Como tantos otros padres que aprenden que el sistema de Justicia reparte las penas con celeridad, solamente a cierto tipo de delincuentes.

Los 10 primeros años, el caso durmió en la fiscalía de Sandra Gonzalez Taboada, la misma que mandó a atacar a Darío Aranda, periodista que cubría un juicio contra los pueblos originarios. El juez de instrucción era Marcelo Muñoz, destituido en 2017 por mal desempeño y por haber chocado con el auto y huir alcoholizado, y hoy es defensor de Patricio Sesnich, encargado del lugar.

En 2013, la familia ya había solicitado la intervención del caso a la Justicia Federal. La cantidad de irregularidades eran evidentes, no querían esclarecer el hecho y no podía descartarse la Desaparición Forzada. Esa figura que entraña la posibilidad de que Sergio ya no vuelva a aparecer y la certeza que, si vuelve, será únicamente para poder despedirlo de la manera más terrenal y humana posible.

El cuerpo. 21 años hace que Don Asunción está pidiendo el cuerpo de su hijo. Pero la Justicia Provincial de Neuquén no quería encontrar responsables y, en cambio, le dio excusas, pistas falsas y hostigamiento. Gonzalez Taboada llevó el caso a la triple frontera, les pidió que no pusieran un abogado, hizo allanamientos antes de tener pistas que los fundamenten, no solicitó las cámaras del boliche, hostigó a familiares y amigos con interrogatorios ultrajantes y violentos en la misma oficina de seguridad del personal del boliche.

El juez federal Gustavo Villanueva, en 2022, cuando le cayó la causa, enfatizó en que “se actuó con la aquiescencia del Estado de forma tal de evitar esclarecer el hecho y encontrar al desparecido”. Describió esta palabra como “consentimiento, anuencia, conformidad” y recordó que la procuradora había mencionado la “deficiente investigación”.

Don Asunción, con la causa en otro juzgado y otra defensa, renovó su pacto con Dios. Constancia, Esperanza y Fe. Eso, y la necesidad de saber qué pasó con Sergio, lo salvaron cuando explotó una garrafa en su casa, hace dos años y lo sostuvieron también cuando el año pasado pudo verle la cara a Patricio Sesnich, encargado del boliche Las Palmas y uno de los principales sospechosos del caso, y preguntarle qué hizo con el cuerpo de su hijo. “No puedo hablar, están mis abogados”, le contestó.

Recuperado de la bronca y la angustia, disculpándose con la humildad que lo caracteriza, volvió a aferrarse a su fe. Y será que ese mismo Dios que lo protege desde hace 22 años, desde el mismo día en que le apartó la vista a su hijo, lo escucha y sabe que quiere reunirse con su Sergio y con Margarita, su esposa. Porque esta semana, tras dos décadas de lucha, 100 testimonios recogidos por la nueva defensa y el aporte de pruebas que estaban ahí, aguardando desde el principio que la voluntad las arrumbara en el juzgado, el juez federal Gustavo Villanueva dictó el procesamiento de Patricio Sesnich, Pedro Nardanone y otras 17 personas. En su mayoría son miembros del Ejército y de la Policía de Neuquén. Los acusa  del delito de desaparición forzada de personas en perjuicio de Sergio Daniel Ávalos, ocurrida el 14 de junio de 2003 en el boliche Las Palmas de Neuquén y dispone, además, embargos millonarios para todos los imputados y una serie de medidas que deberán cumplir para no ir presos.

“Yo no quiero venganza. Yo quiero que les den el castigo que corresponde por lo que le hicieron a Sergio. Quiero Justicia, sólo eso”, pide Asunción. Y será que, a esta altura para él, la única Justicia genuina, sea la divina. Esa que le permita a volver a abrazar a su hijo.