La radiografía social de un desalojo en San Telmo

Por Claudia Rafael

(APe).- Detrás del desalojo de la antigua Casa Blaquier, en el barrio porteño de San Telmo, hay un sufrimiento humano para decenas de familias. Como Gladys, que nació ahí hace siete décadas o David y su familia quien también llegó al mundo en ese lugar hace 43 años. El gobierno porteño reivindica casi 400 “inmuebles recuperados” en lo que definió como una lucha en defensa de la propiedad privada. Aunque en este caso no hubiera propiedad privada sino una casona cedida al gobierno de la ciudad para refugio de familias sin hogar cuando el siglo XX imaginaba otros porvenires. Lo cierto es que el montaje represivo que ordenó Jorge Macri para desalojar a numerosas familias no sólo incumplió con todos los acuerdos judiciales sino que, como trasfondo, expuso un contexto socioeconómico y dejó al desnudo casi dos siglos de historia nacional.

El desalojo de la vieja casona de calle Defensa 165 no puede ser leído en clave aislada. O bien, de hacerlo, llevaría directamente a una conclusión errónea. Son demasiados los ingredientes que inciden en esa medida, aunque un buen punto de partida sería el de una consigna de Jorge Macri y, a la vez, una frase de la filósofa estadounidense Judith Butler. Dos nombres que resuenan en las antípodas, como el agua y el aceite. El alcalde porteño posteó por redes que “hoy (por el sábado 12 de julio pasado) desalojamos la Casa Blaquier, ocupada ilegalmente hace más de 40 años en pleno Casco Histórico. Ya llevamos 373 inmuebles recuperados y devueltos a sus dueños. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta”. Butler, por su lado, analiza que “la prescindibilidad o el carácter desechable de las personas y de sus prácticas se reparte de manera desigual en nuestras sociedades”.

Este episodio traumático no se concretó en un único día, sino que se extendió durante el inicio de la semana hábil. Y dejó heridas profundas en la psiquis de las familias desalojadas. Se realizó con un operativo policial incomprensible que no hubiera sido superior si las fuerzas de seguridad hubieran estado buscando los rastros de Osama Bin Laden.

El rey de los desalojos

Elena Paz, la abogada que venía desde hace años bregando para frenar lo que acaba de ocurrir, dijo a APe que “la magnitud del operativo tiene que ver con que se ha hecho al margen del juzgado. Ya habían intentado desalojar con un decreto y presentamos un amparo en 2008 aproximadamente.  Y por más que concluyeron que el decreto era legal, había un resguardo de tipo social para toda la gente. Es decir, había que hacer un censo que tenía que ser presentado a la jueza (Elena) Liberatori, que se inició hace un par de años y no se terminó y lo terminaron de hacer el mismo día del desalojo”.

Evidentemente la determinación de Macri el primo, de jugar al rey de los desalojos, aceleró todos los pasos y sin el censo completo, sin la presencia de la Defensoría de la Ciudad ni de los organismos de integridad familiar y sin asegurar una solución habitacional a las familias residentes en la casa Blaquier, mandó a arrasar con todo para luego asegurar, en una suerte de autobombo, que su prioridad es por sobre todo la defensa a ultranza de la propiedad privada.

Las escenas dantescas del operativo de desalojo pueden verse en algunos videos que circulan por las redes. Patrulleros, camiones celulares, policías metropolitanos pertrechados con escudos y cascos protectores, armados hasta los dientes estaban desde temprano apostados sobre la histórica Avenida de Mayo dispuestos a todo para enfrentar a un grupo de familias con niños y adultos mayores a los que arrancar de lo que desde hace décadas constituían sus viviendas. Con esa palabra que el ocasional ocupante del sillón de Rivadavia puso de moda, las bolsas con ropa, muebles, artefactos de cocina y todo tipo de pertenencias fueron arrojadas “afuera”. Y luego yacían sobre la calle Defensa empedrada por pura historia.

Los Blaquier

La Casa Blaquier merece un capítulo aparte. Ese edificio histórico fue testigo de historias añejas que desgranan la vida de una de las familias más poderosas del país, de origen francés, y con ramificaciones hacia lo más oscuro del terrorismo estatal. Dueños de los ingenios Ledesma con brazos en el negocio de los hidrocarburos, el papel, la carne y los cereales, con empresas ocultas en los paraísos fiscales (expuestos por Santiago O`Donnell en la investigación por los Panamá Papers). Pero más allá de esos pergaminos, sus antecesores fueron los dueños originales de la casa de Defensa 165 que quedó abandonada y vacía por la huida de sus habitantes durante la fiebre amarilla en 1871. Como tantas otras familias de la oligarquía terrateniente en la Buenos Aires de aquellos años.

“Más acá en el tiempo, la familia donó la casa al gobierno de la ciudad para albergue y refugio de los más humildes”, contó Elena Paz. “Tal es así que muchos antepasados de la gente que ahora ocupaba el lugar eran trabajadores migrantes, que llegaron de las provincias a Buenos Aires y encontraron un lugar donde vivir. Ahora es del dominio público de la ciudad y lo quieren para ampliar los museos que hay en la esquina. O, al menos, es lo que dicen”.

Desde los días de Cacciatore

La historia, demasiadas veces, tiene una circularidad aterradora. Durante la reunión de la comisión de vivienda de la Legislatura porteña hablaron tanto Elena Paz como algunos vecinos de la casa desalojada. El relato de la abogada es estremecedor porque sus palabras llevan a esa reiteración de la historia como farsa de otra que ella misma protagonizó décadas atrás durante el paso de Osvaldo Cacciatore como intendente de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura. En el plan erradicador de villas y desalojos en zonas cercanas a lo que serían luego las autopistas “entré en la casa de calle Defensa. La gente vivía ahí desde hacía 15 años. Cacciatore quería hacer autopistas, pero resistimos organizadamente y derivaron en juicios civiles. En aquel momento pusieron colectivos y el ejército nos llevó a todos detenidos. Y hoy, a 40 años sufrimos lo mismo. Por eso la violencia inusitada que se utilizó el otro día me tocó en las fibras más íntimas por sufrir lo mismo”.

Como a Gladys Correa, la mujer que vive (o vivía) en la Casa Blaquier. “Como mi madre, como mi abuela. Todos vivieron ahí. No somos usurpadores”, decía y repetía Gladys ante los legisladores mientras blandía unos papeles amarillentos que daban cuenta de su presencia allí desde los inicios de su propia vida. Siempre a la espera. De una vivienda del Fonavi, cuando vivía su madre y más tarde en el tiempo, de una vivienda del IVC (Instituto de la Vivienda de la ciudad). “Perdimos todo. Los chicos están sin ir a la escuela, porque nos tiraron a la calle como si fuéramos no sé qué, porque no somos animales. Da rabia, mucha rabia. Tengo un hijo discapacitado. No quiero que me regalen nada. Quiero pagar una vivienda. Porque somos gente trabajadora. Ni a los perros se les hace algo así. Los nietos están muy mal porque los animales, los perros, los gatitos, quedaron a la deriva. Tengo 70 años en esa casa y nos mandaron los camiones para que nos lleven las cosas”, dijo entre la angustia, el llanto y la rabia.

Cuando habla de los “camiones” se refiere a lo que David Gómez, también en la comisión de vivienda legislativa, especificó como “una cuadrilla de unos 100 trabajadores de las Grúas Paolini”. Y contó que nació en la casona hace 43 años. “Yo me puse a filmar y el subcomisario quiso impedir que lo hiciera. Una vecina de 21 años denunciaba que se le metieron cuatro pibes de esa cuadrilla y le revisaban la ropa interior y se reían y la provocaban. Durante más de 12 horas fuimos atormentados y los que queríamos alzar la voz éramos callados por una bandita de funcionarios del Ejecutivo de la ciudad”.

Sábana y mantel

Este traumático hecho llevó a familias enteras a la calle. A tratar de encontrar un hueco en el que acomodar sus huesos cansados. Unos a la provincia de Buenos Aires, en la casa de algún familiar o amigo. Otros en alguna pieza precaria de hotel. Todos, esperando una respuesta. “Les tomaron los datos y para el 23 aproximadamente les van a decir qué subsidio les dan, en qué rango, porque van de 150.000 a 200.000 pesos. Con esa suma, no se satisface ni el 30 % de un alquiler. Vamos a tratar de que hagan ahora lo que deberían haber hecho antes del desalojo”, explicó Elena Paz conmocionada por las escenas grabadas en su retina de funcionarios que “tiraban las cosas por arriba, en bolsas cerradas, que no les dio precisión sobre lo que podía o no faltarles”.

Es imposible comprender cabalmente lo ocurrido en Defensa 165 sin analizarlo en un proceso mucho más extendido. Ligado a la precariedad de la vida de los pobladores de la casona que tuvieron la osadía de habitar una propiedad ubicada a distancia mínima del centro mismo del poder económico y político del país. En un barrio en el que se busca invisibilizar esas vidas que desafían desde su propia existencia.

A pocas cuadras del lugar, el famoso e icónico Mercado de San Telmo reemplazó los pequeños locales de antigüedades, de juguetes o de muñecas que formaban parte de la historia misma de la infancia del país, por una movida gastronómica que mueve billetes y que es destino obligado de turistas de otros países. En un corrimiento obligado de la identidad barrial.

Detrás del desalojo de esta semana hay un sufrimiento humano del que los gobiernos no suelen hacerse cargo. Por el contrario, arman (como armaron) una parafernalia represiva propia de estos tiempos para enfrentar a un grupo de familias y barrerlas con todas las herramientas del poder de los espacios que les interesan gestionar, en el grueso de los casos, para beneficio del mercado inmobiliario. Por la sencilla razón de que los protagonistas son los eternamente expulsados que simplemente desean como se desnuda en el grito solapado de Gladys Correa una casita en la que vivir, que pagar con su jubilación y su trabajo, con el inalcanzado sueño de sábana y mantel.