Murieron dos niños wichí en la tierra del olvido

Por Silvana Melo

(APe).- Dos chiquitos wichí murieron por gastroenteritis en el Departamento Rivadavia, centro del caliente verano salteño y del abandono más feroz de la supervivencia originaria. Funcionarios y funcionarias del pueblo de Morillo salieron –con la celeridad que no aparece a la hora de abrirles las puertas de la salud pública- a aclarar que no habían muerto de hambre. No estaban desnutridos, aseguraron. Pero murieron de gastroenteritis. Una enfermedad aguda absolutamente evitable. Dos muertes decididamente evitables. Y emparentadas con el consumo de agua, una de las tragedias del chaco salteño.

La falta de agua mató a una decena de niños en medio de la sequía con oleadas de fuego de enero de 2023.

El Pilcomayo, un hilito en aquel verano, este año enloqueció y va inundando, con barro y una furia que se lleva las chozas y lo poquito que tienen los wichí. El agua está contaminada, no hay pozos y los gobiernos, desde hace años, disponen su ceguera selectiva.

Las mangueras extensas y resquebrajadas por el sol conectan canillas para el modesto milagro de un chorrito que a veces trae arsénico, sabor a sal o agroquímicos. Como la mayor parte de los pueblos originarios, los wichí salteños están atravesados por la deriva de los envenenadores, por la deforestación brutal, por la tala de sus propias herramientas de subsistencia. Y recogen el agua que pueden en bidones de glifosato que abandonan los productores con indolencia, con descuido. Gestos de profundo desprecio a la vida.

Cercados por la frontera del agronegocio, despojados de sus espíritus y de sus creencias, de sus alimentos y de sus remedios, el desmonte los desnudó ante un mundo  de hostilidad extrema. Que los descubrió de pronto y los encerró en los rincones de la tierra más árida, allí donde no se ven, para que cuenten, apenas, con una parcelita donde caerse muertos. Donde dejar sus huesitos.

En el verano de 2020 y en el de 2021 los niños wichí no morían por covid. Se ausentaban de lo que queda del monte por desnutrición, diarreas, deshidratación. “Nosotros vivimos en una bolsa de sufrimiento”, decía Rosa Rodríguez, docente bilingüe wichí a esta Agencia en 2020. “Nosotros a la palabra epidemia la tenemos instalada hace mucho tiempo, a nosotros nos mata el hambre, la falta de agua, de recursos económicos”, decía cuatro años atrás y nada, nada cambió. Ni por la emergencia sociosanitaria del gobernador Gustavo Sáenz en los departamentos General San Martín, Orán y Rivadavia (2020) ni por los amparos y los informes de la Defensoría del Niño y el Adolescente de la Nación. Nadie pudo –nadie quiso- detener esta tragedia en el norte salteño, donde los niños se mueren como cae de los árboles la fruta madura.

En los primeros seis meses de 2021 murieron 64 niños wichí. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y la Comisión Directiva Wichí Misión La Loma demandaron a la provincia. Acusan al gobierno de Salta de no cumplir con la Ley de Salud Intercultural, que permitiría el acceso a la salud pública.

Cinco niños y niñas de las comunidades murieron en diciembre de 2022. En tres días de enero de 2023 fallecieron tres en el Departamento San Martín (con tres años de emergencia socioambiental) en medio de las oleadas de un calor enfrentado con la naturaleza, generado por una lucha capitalista contra la tierra. Una tierra cuarteada por la sequía, que se tragó tanta vida chiquita sin agua, tantos mañanas sin amaneceres sin prevenirles los males ni cama de hospital.

Mientras, el Gobernador de Salta emprendía su batalla contra la Ley de Humedales. Y mantenía el negocio de la deforestación junto a su predecesor para ampliar las puertas abiertas al agronegocio, dejar avanzar la frontera agropecuaria y ensanchar el destierro de los pueblos que alguna vez fueron de ahí. Nacieron ahí. Con una preexistencia de más de 500 años ante los que no dejan de practicar el método de la conquista: el exterminio para usufructuar la tierra sin ser la tierra.

Ellos son la tierra. Beben de la tierra y la tierra de ellos. Pero los gobiernos de Salta han legislado para que 200  familias tengan en sus manos el 80% de esa tierra. Ellos, que no son la tierra, la dominan. Y producen aquello que venden afuera. Y no alimentos para una infancia desagregada de este mundo. No agua buena. No medicina cerquita porque ya no hay árboles para ponerse hojas en la frente ni infusiones para la panza.

A fines de 2023 Gilda Rojas se enfermó. Tenía 19 años y un bebé. Y vivía en el kilómetro 6 de Tartagal. La indiferencia del sistema de salud empujó a su hermana a instalarse con ella en las puertas del hospital Perón para exigir que la derivaran a Salta. A la capital. Donde suele atender dios, aunque los wichis siempre tienen que esperar.

Su familia habló con los medios, reclamó en el hospital y, después de demasiado tiempo despilfarrado en burocracia letal, le dieron el traslado. Pero Gilda murió. Entonces esta vez su familia se plantó con el ataúd de la chica wichí de 19 años ante el hospital. Ahora era la muerte. Cuando ante la vida lo único que hubo fue indolencia.

Ahora son dos chiquitos muertos en Morillo. Por gastroenteritis. Morillo, donde los niños wichí que llegan a adolescentes se ahogan de alcohol o inhalan nafta. Pueblos quebrados por la pobreza, la ausencia de agua, el desmonte brutal y las enfermedades feroces del desamparo. En Salta la linda, la que agrupa a la mayor población originaria del país. Cerca de cien mil hombres, mujeres y niños confinados a territorios yermos, castigados por la sequía, la inundación y los 50 grados del verano. Separados de la tierra por quienes la usufructuan y la agotan. Que en los últimos treinta años profundizaron el exterminio planificado por el capital y el agronegocio. Para ampliar la frontera agropecuaria y angostar la de la vida.