La duda del beneficio

Por Martina Kaniuka

(APe).- Fue ayer, 19 de abril de 2023, 09.30 de la mañana, en Mendoza Capital, pero también fue antes de ayer y antes de antes de ayer que la Nación Mapuche tuvo -y sigue teniendo- que recordar, una vez más, que los derechos humanos que se dicen “para todos y todas las argentinas” los contemplan también.

Organizaciones sociales, partidos políticos, miembros de las comunidades indígenas, personalidades de la cultura, y cualquier persona que entienda que frente al racismo y la xenofobia no es posible ser indiferente, se agruparon frente a la Casa de Gobierno para recordarle a la Cámara de Diputados de Mendoza que las comunidades mapuche existen y son parte de la provincia. Así de delirante, así de cruel.

Ya en noviembre del 2021, en época de primavera, cuando el nacimiento y la vida comunitaria están en su momento más importante para la crianza de los animales y los ciclos agrícolas, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza había planteado el modelo de “reducciones indígenas”, a la vieja usanza colonizadora, sugiriendo la ubicación de las familias de las comunidades en tierras ya relevadas, sin aplicar la Ley 26160 (Ley de Emergencia Territorial Indígena).

La mayoría de los habitantes de las comunidades cuyo territorio se encuentra en disputa, viven hace más de cien años en puestos montañeses, se dedican a la actividad ganadera caprina y habitan armoniosamente sus tierras hasta que la sombra inminente del desalojo los convulsiona, una o dos veces al año y cada vez más seguido. Cuando llega el hombre blanco, alegando la propiedad de los territorios, lo hace con violencia: destrozando viviendas, muebles, elementos personales y hasta robando ahorros con la complicidad de la policía, como ha denunciado alguna de las familias afectadas.

Las zonas de Los Molles, Malargüe; Ojo de Agua, Cerro Colorado, La Payunia, Malal Pincheira, El Sosneado, son algunas de las habitadas por las las 27 comunidades mapuche que comprenden cerca de 800 mil hectáreas en el sur de la provincia: territorios que no escapan a la avaricia capitalista y a las garras de terratenientes y corporaciones que los quieren eliminar del mapa.

Y es que, en enero de este año, mediante las resoluciones 36, 42 y 47/2023, el INAI había determinado -para atender al conflicto territorial- la preexistencia de las comunidades Lof El Sosneado (departamento de San Rafael), Lof Suyau Levgv y Lof Limay Kurref (Los Molles, departamento de Malargüe) que les fueron reconocidas legalmente, junto con la ocupación de las veintiséis mil hectáreas que en Mendoza habitan como parte de la Nación Mapuche.

Ante las resoluciones del ente, no tardaron en hacerse públicos los cuestionamientos de la mayoría del arco político mendocino. El objetivo: inocular nuevamente la duda sobre la legitimidad de las comunidades mapuche en el sentido común y con ello el odio, el racismo y la xenofobia explícitos con los que, en forma aparentemente desinteresada y en nombre de la República Argentina, defienden intereses tan populares como los de Sominar Sociedad Minera Argentina S.A., Nieves de Mendoza, Empresa El Azufre y las bodegas de las familias Luchessi, Lombardi y Bombal.

Fue el 29 de marzo pasado que aprobaron la resolución por la que se determinó que el Pueblo Nación Mapuche no es un pueblo originario de Mendoza, ni de Argentina, negando así no solamente a las comunidades que habitan el mismo suelo al que los diputados que alzaron la mano representan, sino a las comunidades mapuche que habitan todo el país. También repudiaron el Decreto Nacional 805/21 que prorroga y modifica la Ley 26.160 (Ley de Emergencia Territorial Indígena), deslegitimando el trabajo que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) hizo en torno a los conflictos territoriales que existían con tres comunidades, por considerar que “no hicieron un proceso de consulta con todos los afectados”.

“Los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”, eso dice la iniciativa del proyecto que impulsó el oficialismo provincial, que contó con 30 votos afirmativos, sumados a dos votos del peronismo, ocho negativos, y la complicidad de seis abstenciones (cinco peronistas) y cuatro ausencias. 

El proyecto al que -después del primero de mayo cuando finalice el período extraordinario de sesiones- buscarán darle carácter de ley, fue impulsado por Gustavo Cairo, presidente del bloque PRO en Mendoza. Cairo, conocido por proyectos tan progresistas como el de prohibir por ley el lenguaje inclusivo en documentos oficiales y en las escuelas, o por negar los 30 mil desaparecidos de la última dictadura militar cívico empresarial y eclesiástica en la Argentina o por ser el autor de frases célebres como: “La policía de Mendoza tiene pistolas taser y no las usa"; no esconde a quién representa. Sin ningún tipo de eufemismo presentó en noviembre de 2022 un proyecto para derogar la ley que regula la actividad minera en Mendoza; proyecto que ya había sido rechazado en el año 2019.

Cairo propone habilitar el uso de mercurio y cianuro en la minería en Mendoza y, para lograrlo, es claro: “Yo propongo cambiar el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), por una agencia de control ambiental con miembros designados por las universidades, por Irrigación, por el Consejo Provincial de Ambiente”. Las pocas limitaciones que cualquier ente de contralor o legislación pública/estatal puedan hacerle al extractivismo, deben ser eliminadas, despejándole obstáculos al lobby de las corporaciones mineras, invitándolas a disponer de los recursos hídricos sin objeciones.

Es por eso que a la hora de hablar de las comunidades que habitan los territorios que son objetivo de los intereses que representa, Cairo se expresa así: “Argentina desde que tiene existencia como país, ha tenido una política de integración hacia todos los habitantes de su territorio. (…) ¿Cuáles eran los pueblos indígenas argentinos? Bueno, los que habitaban el territorio argentino en la época de la conquista, muy claro (…) Los mapuches no son originarios de la provincia de Mendoza, son originarios de la Araucanía chilena, ni siquiera de Neuquén”.

La pregunta inicial por la existencia de las comunidades se remonta en nuestro país al primer gobierno de Rosas en Buenos Aires con las corridas del límite de frontera en la llanura pampeana, interrogante cuyo signo de interrogación se cierra con la “Conquista del Desierto”. Un joven Roca, que sonríe heroico y hoy devaluado en los billetes de cien pesos argentinos, encabezó la campaña con la que, en 1878, se encargaría de planificar estratégicamente el exterminio de las comunidades aborígenes de la Patagonia: las mismas comunidades mapuche que hoy en Neuquén deben luchar cotidianamente con Chevron -condenada en Ecuador por contaminar 500 mil hectáreas y afectar las vidas de más de 30 mil indígenas ecuatorianos- YPF y ENAP en Vaca Muerta, el Grupo Benneton y Joe Lewis usurpando tierras, ocupando lagos y las bases militares que, Estados Unidos, Qatar, China, Arabia Saudita e Israel, dispusieron en suelo patagónico ensayando estrategias de TEG.

El estado argentino se dispuso desde su conformación a someter a los indios, a los “salvajes” del territorio nacional y los hizo permanecer al margen, al servicio de una cultura que no les pertenecía, funcionales a una ideología que distaba de su cosmovisión. La figura del indio es la figura del vencido: con esa figura enterraban en la estereotipación del conjunto de los dueños de la tierra, las múltiples identidades originarias. Su lenguaje, su música, su vestimenta, su tradición y su cultura eran sepultados en un “Nosotros” que parecía no contemplarlos.

En la Constitución de la Nación Argentina de 1994 se los reconoce como sujetos de derecho, pero simultáneamente y, en la misma sintonía de las contradicciones que los relegaron al punto inicial de la línea de tiempo, se los llama “preexistentes a la formación del Estado Argentino” como si se tratara de una especie que existió, pero se encuentra extinta. La historia y el revisionismo capitalista les concedió ese lugar: son los ciudadanos de los pueblos originarios, los primeros dueños legítimos de las tierras, el origen de nuestra tierra: el origen. Al parecer lo de “originarios”, devino por la superchería simbólica del lenguaje en una especie de gentilicio. Los “originarios” dan origen a algo, según la Real Academia Española, y por la conveniencia del mundo occidental y de la imperiosa avaricia colonial, ese algo después es apropiado por otros.

Pero trascendiendo el relato, el delineamiento que han hecho de las comunidades como enemigo interno y el chamullo de los expropiadores crónicos y los funcionarios adictos al sobre; los pueblos originarios y las comunidades mapuche en nuestro país existen y es su lucha la que es razón y origen de esta disputa. Porque son quienes, contra zanjas, cañones, fusiles y sometimiento, violencia, racismo, desalojo, discriminación, y hasta una ley que busca tornarlos invisibles, se siguen oponiendo a desarrollos mineros que atentan contra los humedales de alta montaña y los glaciares, y han levantado la voz contra la Minera Vale, el negocio inmobiliario del azufre, los pozos petroleros de YPF y Vaca Muerta y la contaminación del Rio Colorado en Mendoza. Porque mientras Juan Martín Paleo, jefe de Estado Mayor conjunto de las FF. AA, anunció en marzo el diseño de “ocho planes de campaña” para la “defensa” de los objetivos estratégicos y una “reconceptualización” de frontera para las zonas de “valor estratégico” para la matriz económica dominante; las comunidades siguen poniéndole el cuerpo a la lucha contra los extractivismos que bienvienen los funcionarios en nombre del saqueo que camuflan de progreso y desarrollo. Y porque si 15 millones de habitantes en la Argentina no tienen un pedazo de tierra para plantar una maceta y, según el Registro de Tierras Rurales, (Ley Nacional 26.737), aproximadamente 11.790.229,15 hectáreas de la República Argentina  figuran como propiedad de capitales  extranjeros y el 1% de las explotaciones agropecuarias concentra el 36 % de la tierra,  lo que debemos cuestionar -y repudiar- es la criminalización de la comunidad mapuche, dado lo ineludible de que la represión y la persecución que padecen no son otra cosa sino consecuencia de la duda de semejantes beneficios.