“Estrés financiero”

Por Carlos Del Frade

(APe).- La empresa agroindustrial santafesina Vicentín informó el jueves 5 de diciembre de 2019 que puso en marcha un proceso de reestructuración de pagos debido a una "situación de estrés financiero" y anunció que está "evaluando distintas alternativas" para afrontar los "compromisos adquiridos". De esta manera, una de las empresas agroindustriales argentinas más importantes anunció en un comunicado que "ha iniciado un proceso de reestructuración de pagos a partir de una situación de estrés financiero que afecta actualmente a la empresa".

“Dada la trascendencia de la compañía como activa compradora del mercado de granos, autoridades de la BCR y del Centro de Corredores concurrieron al recinto del Mercado Físico de Granos para compartir con sus operadores el comunicado oficial de Vicentín y evaluar los acontecimientos”, señaló la entidad a través de un comunicado. Y agregó que “la BCR continuará atenta a la evolución de la situación en los diferentes mercados”.

La compañía sostuvo que a pesar de haber realizado inversiones por US$ 900 millones en los últimos 10 años en sus plantas de molienda, biodiésel, etanol y en sus puertos que conllevó a "un significativo aumento" en el tonelaje molido y exportado, la firma "se ha visto negativamente afectadas por un contexto de crisis recurrentes, aumento de tasas de financiamiento, cierre de mercados y el incremento permanente del costo argentino".

A partir de este escenario, la compañía comunicó que están "evaluando distintas alternativas y trabajando para poder cumplir los compromisos adquiridos".

Más allá de las afirmaciones de la empresa, cuyo titular, Alberto Padoán, ha sido presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario durante muchos años e integrante de la Comisión de Seguimiento de la Política Fiscal de la provincia de Santa Fe; el último balance presentado por Vicentín, correspondiente al año 2018, arrojó una facturación de 118.015 millones de pesos.

Una monumental suma de dinero que la ubica como la séptima empresa más importante de la Argentina entre las mil que más venden.

Esa facturación equivale a vender por 323 millones de pesos diarios; 13,4 millones de pesos por hora y 224.533 pesos por minuto.

Cifras que no parecen tener relación con una supuesta situación de estrés financiero.

“La visión y la pasión puesta en el porvenir". (2)

Esa es la frase que todavía funciona como saludo de bienvenida en la página web de Vicentin. Esa visión y pasión puesta en el porvenir, en realidad, es la síntesis de una historia que comenzó más de noventa años atrás.

En los días finales del segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, a nivel nacional y eran los días de Pedro Gómez Cello, de origen radical, en la provincia de Santa Fe, el segundo territorio de la Argentina.

La propia historia oficial de Vicentin habla de los “inicios del grupo agroindustrial”.

Allí se puede leer que el mítico nacimiento se remonta “a fines de la década del '20 con un pequeño comercio de acopio y ramos generales en Avellaneda, localidad situada al norte de la provincia de Santa Fe. Años más tarde, la empresa inicia su actividad con la puesta en marcha de su primera planta desmotadora de algodón y fábrica de aceite resultante de la molienda de semillas de algodón, lino y maní”.

“Estas innovaciones iniciales se fueron potenciando hasta alcanzar dimensión industrial relevante cuando en 1966 se incorpora en la molienda de semillas el proceso de extracción por solventes que condujo que los niveles de producción se incrementaran considerablemente y que la compañía se insertara definitivamente en el sector agroindustrial argentino”, sintetiza en una docena de renglones nada menos que 37 años de historia política, económica y social en la Argentina y Santa Fe.

Para el periodista Juan Melo, “los hermanos Máximo, Pedro y Roberto, llegados desde Italia en 1920, fundaron un pequeño comercio de acopio y ramos generales en Avellaneda, en el norte santafesino, que fue creciendo y años después –en 1937– se convirtió en una primera planta desmotadora de algodón, y en una pequeña fábrica de aceite en 1943”.

“Por entonces la soja no era siquiera conocida en estas tierras. Se molía algodón, lino y maní. Recién en 1966 esta industria incorpora el proceso de extracción por solventes, que es el que actualmente se utiliza en el crushing de soja. En eso fueron pioneros. Las multinacionales que ahora dominan el comercio de granos, como Cargill, Bunge y Dreyfus, recién comenzaban a instalarse en el país”, sigue diciendo la nota.

Muchos años después, en 1979, “la compañía nacida en el norte de Santa Fe, bien lejos de los puertos, se logró instalar en San Lorenzo, a la vera del río Paraná. Construyó una nueva planta de extracción con capacidad de 2.000 toneladas por día, que es apenas el 10% de lo que muelen hoy las mayores plantas de la Argentina. Sus sueños como agroexportadora nacerían recién en 1985, con la inauguración de su propia terminar de embarque. ¿Soja? Aún desconocida”, también resume en pocas líneas una evolución que, según nuestro modesto punto de vista, merece una reconstrucción detallada de personas y contextos.

La revista “Forbes”, versión Argentina, en el año 2018, ubicó a la familia Vicentin en el puesto 29 entre los “50 más ricos” del país.

Alrededor de ciento treinta integrantes de un árbol que tiene como principales ramas a las familias Vicentin, Buyatti, Padoán, Nardelli y Boschi.

Semejante estructura familiar tiene infinidad de hechos, luminosos, oscuros y difusos que pueden multiplicarse por una inimaginable cantidad de veces a lo largo de más de noventa años.

“…confundiendo el dinero de una deuda con el del botín”, fiscal federal Javier De Luca. (3)

28 de junio de 2022

El titular de la Fiscalía N°4 ante la Cámara Federal de Casación, Javier De Luca, dictaminó que debía rechazarse el recurso de casación interpuesto por los representantes de la firma Vicentin, contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que confirmó la prohibición de innovar de las participaciones sociales que tuviera la empresa, dictada por el Juzgado Federal de Reconquista.

El 9 de diciembre de 2020, en el marco de uno de los expedientes, el fiscal Roberto Salum y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación solicitaron la medida cautelar de prohibición de innovar respecto de los paquetes accionarios de Vicentin con el objetivo de asegurar el decomiso del instrumento y/o producto del delito que se investiga. En esa oportunidad también se solicitó la reserva del incidente de medidas cautelares. El juez Alurralde hizo lugar a la petición del Ministerio Público Fiscal y autorizó la acumulación del proceso a otro que se encontraba en trámite.

La medida fue recurrida por los representantes de Vicentin pero la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la resolución del juez Alurralde. En tal sentido, indicaron que el delito de lavado de activos prevé que el juez puede adoptar las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los artículos cuya vulneración aquí se discute.

“Esa situación es consecuencia inevitable de la comprobación de las conductas aquí investigadas en un debido proceso y, por ende, es totalmente independiente y ajeno a los asuntos de los acuerdos con los acreedores”, consideró y agregó: “razonar de otra manera sería legitimar el pago de deudas de la actividad comercial con dineros provenientes de delitos que lesionaron bienes jurídicos colectivos, sociales, y públicos (delitos contra el orden económico, tributarios, o el patrimonio de entes oficiales), es decir, que no son los de los acreedores. Se pretende mostrar como natural o conveniente una situación totalmente antijurídica, confundiendo el dinero de una deuda con el del botín”.

El fiscal general De Luca también señaló que en cuanto a la existencia de verosimilitud en el derecho “es importante recordar que nos hallamos al comienzo de la investigación y que el dictado de una medida cautelar no requiere la prueba de la certeza de la existencia del derecho pretendido, sino sólo la apariencia de buen derecho”.