Las víctimas de siempre

Por Carlos del Frade

(APe).- -Quiero salir a limpiar los nombres de mi hija y mi yerno. Él trabajaba en un taller de chapería y pintura y pidió a su patrón aumento de sueldo porque estaba pasando una mala situación económica, discutieron y el patrón lo echó, después de más de quince años de trabajo…estaban desesperados porque no tenían dinero. Los ayudábamos como podíamos. Esa noche mi hija vino a buscar un bolsón con mercadería y una plata que les prestamos. No fue un ajuste de cuentas. Mi hija no andaba en la droga ni nada de eso. Eran gente de bien, por eso sólo le pido a la justicia que paguen los que tienen que pagar…mi otra nieta de tres años cayó debajo de su mamá. Se ve que ella en la desesperación la empujó y la salvó. Y ahora pregunta a cada rato cuándo vienen su papá y su mamá…-dijo la mamá de Aymara Altamirano que junto a su compañero, Rodrigo Morera y su hija Auriazul de solamente seis años, fueron asesinados el viernes 6 de mayo de 2022 en barrio Tablada, zona sur de la ex ciudad obrera de Rosario.

“La policía nos decía “váyanse manga de negros, manga de narcos”. Estaban listos para reprimir…me mataron a mi hija, a mi yerno y a mi nieta”, agregó la señora.

Desde el año 2018 en adelante, por orden de un jefe de bandas narcopoliciales, en el Gran Rosario se tira contra los cuerpos de los bebés y de pibas y pibes. Un descenso cada vez más profundo en el infierno del Dante en su metáfora de la “Divina Comedia”. En los últimos cuatro años, son más de diez las víctimas infantiles.

El jueves 12 de mayo, los cuatro integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos de los cuales son de la provincia de Santa Fe, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, llegaron a la ex ciudad industrial para demostrar su preocupación por la violencia derivada del narcotráfico. Durante más de quince años la justicia federal rosarina durmió un sueño bastante parecido a la complicidad. De allí que la escena montada ese jueves tuvo más de impostura hipócrita que de genuina aparición.

Las principales bandas nunca fueron presas por la acción de la justicia federal rosarina en primera instancia.

Ni “Los Monos” ni Alvarado conocieron la prisión por la decisión de los magistrados federales, si no por los cargos probados por integrantes de la justicia provincial.

Después de esas resoluciones, entonces si hacía su aparición la “respetada” justicia federal.

Hay jueces como el caso del doctor Marcelo Bailaque que durante años no creyó conveniente investigar la evolución delictiva y patrimonial de Esteban Alvarado. En esos años crecieron las víctimas en los barrios de la ciudad, especialmente chicas y chicos menores de treinta años.

En ese contexto, centenares de personas recibieron mensajes de texto que advertían sobre la necesidad de no ir a los bares de la avenida Pellegrini porque los habrían baleado o serían sometidos a balaceras.

Una auténtica campaña del miedo que se sumaba a la mediatizada presencia de los “supremos” en la ex ciudad industrial.

Por eso el intendente municipal, Pablo Javkin, sostuvo: “Estamos ante una acción de terrorismo, orquestada por las mafias. Siembran miedo para hacer negocio con el terror…la gran mayoría de los audios, amenazas y ataques, salen de teléfonos que están en las cárceles. Es urgente que actúe con dureza para impedir que se haga terrorismo desde una celda”.

Para el fiscal Franco Carbone vinculó las amenazas que llegaron a miles de personas que viven en Rosario a la detención de Máximo Ariel Cantero, el fundador de Los Monos, quien fue imputado el viernes 6 de mayo, cuando mataron a Auriazul, de solamente seis años, junto a otras 22 personas.

Del otro lado de los shows mediáticos de los “supremos” y las acciones del “terrorismo” del que habla el intendente rosarino, las víctimas siempre son las mismas, las chicas y los chicos de los barrios humildes.

Edición: 4115