Los desaparecedores de Paula

Diez años después

   Por Carlos Del Frade

   (APe).- "Un crimen sin cuerpo implica que los autores tomaron todos los recaudos para eliminar vestigios de su delito y que eso impida su investigación, por eso sostenemos que no podría hacerse en soledad y debió tener otra cobertura que lo ayudara que nos lleva a pensar en una cobertura estatal", dijo la fiscal regional de Rosario, doctora María Eugenia Iribarren a fines de 2020 cuando se conocieron las sentencias en torno al caso de Paula Perassi, desaparecida desde el 18 de septiembre de 2011, cuando tenía 34 años y seis semanas de gestación.

Los únicos condenados fueron Gabriel Strumia, quien mantenía una relación extramatrimonial con Paula, y su esposa Roxana Michl. Ahora cumplen 17 y 6 años y medio de prisión, respectivamente, como autor y partícipe necesaria del delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada”.

Además del matrimonio llegaron a juicio Mirta Rusñisky, quien estuvo acusada de realizar el aborto, el camionero Antonio Díaz, que trabajaba para Strumia y fueron acusados por encubrimiento los policías Jorge Krenz, Adolfo Daniel Puyol, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez. Todos fueron absueltos, por lo que la querella insiste con su intervención en el delito.

Esos policías que destruyeron pruebas y encubrieron pistas en el inicio de la investigación por la desaparición de Paula Perassi hoy están en libertad.

Diez años pasaron de la desaparición de Paula, embarazada, en la geografía más rica de la Argentina porque el departamento San Lorenzo, sur de la provincia de Santa Fe, a menos de treinta kilómetros al norte de Rosario, es el sitio por donde sale el 75 por ciento de las exportaciones de la semicolonia.

Sus hijos, los hijos de Paula, crecieron con el amor de sus abuelos, Alicia y Alberto, los mismos que desde hace una década siguen pidiendo que les digan dónde ocultaron los “huesitos” de su hija.

Desaparecida en el país de los desparecidos.

El 18 de septiembre va camino a convertirse en la fecha de las personas desaparecidas en democracia en la Argentina crepuscular del tercer milenio. El 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López. El 18 de septiembre de 2011, Paula Perassi.

¿Por qué es posible que existan empresas desaparecedoras en la Argentina contemporánea?
Quizás el mejor homenaje a la fantástica valentía y dignidad de la familia Perassi sea ensayar y comenzar a pensar la respuesta a esa pregunta.

Una de las líneas pasa por establecer las relaciones de los policías involucrados y que ahora están libres.

En ellos hay familiares vinculados a los llamados puertos secos, donde se trafica el cereal que originalmente procede de las multinacionales exportadoras, verdaderos poderes feudales y extranjeros en la tierra donde combatió San Martín por primera vez.

Por otro lado, como siempre en los últimos veinte años, aparecen policías relacionados con el narcotráfico y los homicidios no esclarecidos presentados como casos de gatillo fácil.

La Santafesina SA, la policía del estado provincial de Santa Fe, está dividida en 19 unidades regionales, una por cada departamento que tiene la fenomenal dimensión del mapa con forma de bota y nombre religioso.

La Unidad Regional XVII es la que corresponde al departamento San Lorenzo.

Sus jefes, en actividad o retirados, tienen relaciones permanentes con el poder político, hecho que genera beneficios mutuos.

Las calles y los negocios que se suceden en ellas proceden de la habilitación, legal o ilegal que le conceda esa parte del estado siempre presente que es la policía provincial. Nunca hay estado ausente. Siempre está presente. El problema reside si lo hace de manera virtuosa o de forma corrupta.

La banda desaparecedora de los huesitos de Paula Perassi es una empresa polirrubro, capaz de garantizar el negocio de los puertos secos, el narcotráfico, la impunidad del gatillo fácil, la trata de personas, el contrabando de armas y otras tantas formas ilegales de hacer circular el dinero fresco en la región que más dinero mueve en la Argentina.

Desde hace diez años, entonces, la desaparición de Paula Perassi confirma la solvencia de las mafias asentadas en el departamento, a pesar de las tremendas y lacerantes denuncias que vienen realizando Alicia y Alberto, los padres de la chica que apenas superaba los treinta años cuando fue desaparecida.

Teléfono político y billetera fue la consigna más repetida en esta década por Alberto.
Una síntesis brutal que expresa el por qué de tanta impunidad, de tanto dolor en carne viva.

Fuentes: Alberto Perassi, diálogos con el autor de la nota durante estos diez años; agencia “Telam”; “Ciudad blanca, crónica negra”, también del autor de esta nota

Edición: 4391