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Por Carlos del Frade
(APe).- Los nombres de los lugares repiten la trama del saqueo y la dependencia porque tienen riquezas que algunos pocos no quieren que sean del pueblo que vive en esas geografías. El golpe sangriento contra el gobierno de Evo Morales repite nombres y lugares: Potosí, estado ubicado al sudoeste del país, ahora sin la plata y el oro de su cerro luego de la matanza de millones de personas, es la tierra en cuyo subsuelo, en el salar de Uyuni, concentra el mayor yacimiento de litio del mundo.
De la plata al litio, Potosí bien vale una nueva masacre, parece ser la conclusión de los gobernantes del imperio y sus empresas supuestamente multinacionales.
El vicepresidente boliviano en el exilio, García Linera, acaba de recordar que al litio “lo asumimos enteramente estatal desde el 2008, sabíamos que había un futuro muy grande, teníamos la opción de asociarnos con extranjeras que nos decían que hacían todo, que sólo les autorizáramos entrar. Pero dijimos: este es un buen momento para demostrar como país que podemos comenzar una cadena y metimos dinero… Evo instruyó formación de empresa piloto, comenzamos de cero, para separar el litio… tardamos del 2008 al 2013 con parte piloto, artesanal, luego una industria piloto, para el 2014 ya habíamos encontrado el método boliviano”.
Reveló que la tonelada de carbonato de litio costaba 4 mil dólares y ahora el precio ha subido hasta los 18 mil dólares, por lo que “es un negocio muy grande”.
Con China se amarró una inversión de 2 mil millones de dólares mientras con Alemania fue de cerca de 2,200 mdd, en la primera fase de industrialización y comercialización de baterías.
Ahora, entonces, detrás de la triste utilización de la Biblia y la permanente multiplicación del racismo, el golpe de Bolivia repite la trama de saqueo y dependencia de siglos.
Potosí, de la plata al oro blanco.
De allí estos necesarios apuntes…
El oro blanco (el litio)
El litio está presente en los teléfonos celulares y la industria automotriz. La Argentina, Chile y Bolivia tienen el 70% de las reservas mundiales del mineral y semejante riqueza natural despierta entusiasmos de todo tipo.
Un entusiasmo que puede derivar en una Nueva Forestal.
“La fiebre del litio es real. Pero es un mundo aparte dentro de la minería”, ponen en contexto Sergio Arbeleche y Sebastián Vedoya, socios especializados en la práctica de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Y explican: “El litio demanda inversiones mucho menores que una explotación metalífera. Un proyecto puede implicar un desembolso de 200 millones de dólares, diez veces menos de uno metalífero. Además, su explotación es diferente: se parece en cierto sentido a la industria del petróleo”.
“El litio es la mayor fuente de buenas noticias que ofrece la minería”, comparte Luis Lucero, socio de Marval, O’´Farrell & Mairal, el estudio más grande del país. Para el experto, la elevación de la minería a rango de ministerio representó un valor simbólico que refleja el lugar que el Gobierno quiere darle a la actividad. Un sector plagado de disparidades donde el fenómeno del litio se transforma, hoy, en una isla.
“El 90% de las transacciones del último año y medio fueron de litio. Los proyectos están concentrados en Salta, Jujuy y Catamarca, con un incipiente movimiento en San Luis, que no se va a desarrollar hasta que el gobierno provincial dé señales de que quiere promover la minería”, describe Leonardo Rodríguez, el otro socio que conduce la práctica en Marval.
El litio cuenta con otra ventaja frente a la minería tradicional, coinciden los abogados: no tiene “mala prensa”. “Es visto como más amigable con el medio ambiente”, apunta Rodríguez. “Las comunidades no lo consideran de alto impacto, como la minería a cielo abierto”, comparte Vedoya.
En plena etapa de producción ya hay dos compañías en el país: Orocobre, en Jujuy (opera en Salar de Olaroz) y FMC Lithium Corporation, en Catamarca (Salar del Hombre Muerto). “Salta lidera la expansión sectorial, con 29 emprendimientos en marcha, de los cuales dos se encuentran en construcción, cuatro en exploración avanzada, 16 en exploración y siete en instancia de prospección”, detalla Adolfo Durañona, socio de Baker McKenzie. “El segundo lugar lo comparten Catamarca y Jujuy, con 13 iniciativas en cada provincia”, completa.
En mayo de 2018, la minera australiana Galaxy Resources elevó a 474 millones de dólares su inversión en litio argentino.
Durañona pone en números el protagonismo ascendente del recurso. Entre 2012 y 2016, según datos del Ministerio de Energía y Minería, la participación argentina en el mercado de derivados de litio creció del 11 al 16%, y la extracción saltó un 58% en 2017. El Gobierno aspira a que el país se convierta en uno de los mayores productores mundiales en los próximos años.
“Hoy, el litio es la gran vedette de la minería. Pero el cobre sigue siendo el rey”, matizan Roberto Fortunati y Marcos Moreno Hueyo, socio y asociado de Beccar Varela. “En los autos eléctricos, se utiliza mucho más cobre que litio, para la transmisión y los conectores. De todas formas, es muy bueno que haya un nuevo player dentro de la minería”, agregan. El escenario que se abre para la práctica minera llevó al estudio a reforzar su equipo con la incorporación de Moreno Hueyo, quien se especializó en derecho minero en Chile luego de graduarse en la UBA y trabajó más de tres años en el país trasandino.
El boom del litio es dominado por unas pocas empresas a nivel mundial. “Albemarle, FMC (ambas estadounidenses) y SQM (por Sociedad Química y Minera de Chile), conocidas como las Big 3 –con presencia en la Argentina y Chile–, y ahora también dos empresas chinas, Tianqi y Ganfeng”, detalló Federico Nacif, sociólogo e investigador del CONICET especializado en esta temática, durante una jornada de reflexión y debate desarrollada por el Programa de Intervención Socio Ambiental (PIIdISA) de la Universidad de Quilmes (UNQ), en el marco del encuentro “Universidad y desarrollo”.
Según Nacif, “las exportaciones de litio no sólo se deciden por mercados y precios, sino que se vinculan con el origen de las empresas extractivas. FMC y Albemarle les venden a sus propias casas matrices; y FMC no produce hidróxido de litio en el país sino en sus plantas de Estados Unidos, pero se abastece 100% de la explotación en la Argentina”, ejemplificó Nacif.
Actualmente, el principal consumidor de litio es China, que junto con Japón y Corea del Sur superan el 50% de la demanda global. El gran interés que ha despertado el litio en las últimas décadas se vincula con la fabricación de baterías para dispositivos móviles, el auge de los vehículos eléctricos y la necesidad de contar con sistemas de almacenamiento en la producción de energías renovables.
“El problema del litio no es solo de minería sino también de industrialización”, dijo Ernesto Calvo, director del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y advirtió que un auto eléctrico puede ser más limpio o ecológico porque no genera partículas de hollín ni monóxido de carbono, “pero si lo cargo con energía sucia, es sucio”. En este sentido, se refiere a otro potencial que tiene este mineral, especialmente para atender una demanda particular de la región: la electrificación remota. “En Sudamérica hay 30 millones de personas que no tienen acceso a la red eléctrica y cierto tipo de baterías de litio pueden durar 20 años, que es lo que dura un panel solar”, dijo el especialista.
“Si nos quedamos con la minería es solo extractivismo. En Bolivia consideramos que la verdadera industrialización del litio está vinculada al campo energético, de lo contrario no se puede hablar de industrialización”, sostuvo Juan Carlos Montenegro, gerente ejecutivo de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), y agregó: “Debemos agruparnos para combatir la especulación y el monopolio en torno al litio, por la implicancia que tiene en el tema energético”.
Si bien el recurso es el mismo, el modelo de explotación del litio en la Argentina, Chile y Bolivia es diferente. “Cada país tiene regímenes de propiedad diferente: en la Argentina es de concesión libre, mientras que en Chile no se puede concesionar porque es considerado un recurso estratégico, por eso el Estado establece un contrato de explotación. En Bolivia, en cambio, es completamente estatal”, explicó Nacif y destacó que, para avanzar hacia una soberanía del recurso es necesario tener en cuenta las condiciones sociales de cada país. “A diferencia de sus vecinos, en Argentina, ni el sindicato de trabajadores mineros ni ningún otro actor local relevante impulsan la creación de una empresa estatal, pero creemos que hay una necesidad de mayor conocimiento y fiscalización pública. Por eso, proponemos la creación de una Comisión Nacional del Litio integrada por representantes e investigadores, ya que el CONICET y las universidades públicas, por ejemplo, tienen mucho peso en la conciencia social”, sostuvo.
A fines de la década del 60 ya había interés por el litio en el mundo, ya que es un insumo necesario en la industria nuclear. Por entonces, en la Argentina se desarrolló el denominado Plan Salares, de la mano de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Sin embargo, la ola privatizadora de los 90 llevó la actividad a manos privadas, como cualquier otra actividad minera.
Actualmente, el sector está regulado por tres leyes que se superponen. Una de ellas es la misma Constitución Nacional, en su artículo 124, que establece que los recursos pertenecen a las provincias. La otra es el Código Minero, promulgado en 1887 y reformado en 1997, que incentiva la búsqueda permanente de minas y establece un canon minero. Por último, la Ley de inversiones mineras, sancionada en 1993, que regula la actividad y, entre otras cuestiones, otorga estabilidad fiscal por un período de 30 años a las empresas del sector, permite la deducción de los montos invertidos en prospección, exploración y estudios de factibilidad del impuesto a las ganancias, sumado a otros beneficios impositivos. A estos beneficios se le sumó la quita de retenciones a la actividad minera, dispuesta por el presidente Mauricio Macri poco tiempo después de asumir, mediante el Decreto 349/2016.
Bajo estas condiciones, hay dos proyectos en producción, a cargo de las empresas Minera del Altiplano (FMC), en Catamarca, y Sales de Jujuy (Orocobre), en Jujuy, que en total cuentan con una capacidad anual de producción de 46.500 toneladas. “En la Argentina, el litio se ubica en la zona de mayor sol, por eso nos propusimos un método basado en el sol para extraerlo”, dijo Calvo, que recibió el primer premio del concurso internacional Bright Minds Challengepor por desarrollar a escala de laboratorio una técnica de extracción de litio que usa energía solar con la misma tecnología de las baterías.
Federico Nacif cuenta que la corporación química norteamericana FMC, que hace 20 años explota el Salar del Hombre Muerto sin generar ningún beneficio palpable para la comunidad, busca duplicar su capacidad productiva para seguir controlando buena parte del mercado mundial del litio en plena expansión.
En sintonía con la política de Cambiemos, la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, se propone reducir aún más las regalías mineras y eliminar la única regulación pública que le impide a la empresa extractiva especular financieramente con las concesiones adquiridas sobre el subsuelo argentino.
Se estima que entre 2014 y 2016 su valor promedio pasó de 5.000 dólares a 7.500 dólares la tonelada, alcanzando en 2017, valores cercanos a los 18.000 dólares.
Sin embargo, no muchos argentinos parecen advertir que, hace ya 20 años, una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80% de las exportaciones mundiales).
“En otras palabras, si en los ´90 renunciamos a la propiedad estatal de uno de los mayores proyectos de litio del mundo, ahora pretenden que renunciemos también a regular siquiera el alquiler. Paradójicamente, según los propios contratos de privatización, cualquier nueva modificación deberá ser refrenada por el parlamento provincial. Aunque parezca mentira, una vez más, funcionarios y gerentes buscan convencer a los legisladores y a la sociedad civil de la urgente necesidad de eliminar cualquier vestigio de regulación soberana sobre los bienes naturales de nuestro subsuelo, repitiendo las míseras promesas del pasado: generar 200 empleos e infraestructura básica para la comunidad local. ¿Podrán justificar nuevamente semejante desproporción? Esta vez, al menos algo es seguro: ya nadie podrá alegar ingenuidad”, terminó escribiendo el sociólogo Federico Nacif.
Edición: 3897
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