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Por Silvana Melo
(APe).- A las diez y media de la noche del 29 de agosto dos aviones de guerra salieron de la base de Apiay, en Bogotá. Volaron rumbo a la vereda Candilejas, en la zona rural de San Vicente del Caguán. Bombardearon un rincón que se llama Caquetá donde, determinó el gobierno de Iván Duque, había restos de la disidencia de las FARC. Y también había niños. El 4 de noviembre (dos meses y días después) se supo que ocho volaron en retacitos, como las pelusas de los panaderos cuando el viento las sopla. Los campesinos de la vecindad dicen que fueron 16. Y que a los dos o tres niños que habían quedado vivos los militares los remataron. Desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016 con la guerrilla de las FARC han asesinado a más de 740 líderes sociales en Colombia. La sangre corre con el tumulto de los ríos. Y riega el narconegocio que sigue sosteniendo gran parte de la economía colombiana.
“Una operación impecable”, dijo el presidente Iván Duque que fue. El resto, daño colateral. Había que eliminar al líder de “la disidencia del frente séptimo de las FARC, Gildardo Cucho”. El costo adyacente es ínfimo. Un crimen de estado justifica ocho, diez, veinte más.
Colombia supo dos meses después que la muerte de Gildardo Cucho había costado la cifra oficial de ocho niños de entre 12 y 17 años. Y la palabra de los campesinos, que vieron los pedacitos, que escucharon a los militares, que notaron después las ausencias. La palabra de los campesinos habló de 16 o 18 niños muertos. Esa palabra que no se oye en los estrados oficiales.
Dice el Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) que en Colombia hubo más de 740 asesinatos de líderes sociales desde el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, convertidas ahora en partido político). La paz es apenas una firma enmarcada en Colombia. Nada más.
Los muertos son ex combatientes de las FARC, defensores de derechos humanos, militantes de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales. Los conflictos agrarios por la tierra y los recursos naturales representan la mayor parte de los homicidios. La síntesis apretadísima muestra una decisión de exterminio de toda rémora de FARC, aun en tiempo de paz. Y del campesinado rebelde que se empecina en sustituir los cultivos de drogas en las tierras ancestrales, con las guardias indígenas, con la resistencia cuerpo a cuerpo para que la Pacha haga su maíz y su amaranto como un ejército invencible.
En un continente en sangre, arrasado por el cristo de plástico de los conquistadores, por la biblia envenenada de Pizarro y Camacho, por los propietarios de la vida y de la muerte que regresan a quemar las selvas y los cielos, hablan de tiranías.
Y desangran a Bolivia.
En Colombia se bombardea a niños con aviones del estado.
Y no hay palabras.
Edición: 3983
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