La justicia y las escuelas de Moreno

Por Silvana Melo
    (APe).- Las escuelas de Moreno, uno de los distritos más castigados del conurbano, cerraron el año en diciembre más cerca de aquel cierre obligado de agosto que de la infraestructura segura para el niñerío. Ese que se levanta temprano todos los días para ir a buscar futuro en las ruinas de la escuela pública. Las responsabilidades son multitudinarias. Décadas de abandono, de una desigualdad alimentada con método y persistencia, un estado con presencia fuerte en otros parajes y con un ojo de desamparo hacia éstos, una dirigencia que se mira el ombligo y la supervivencia a perpetuidad, sectores que profundizan conflictos en cuyas exigencias se olvida con demasiada frecuencia la infraestructura escolar. Que en el desastre de agosto en Moreno –uno de los dos distritos más pobres de zona oeste- se cargó dos vidas y podrían haber sido decenas si la escuela 49 hubiera explotado veinte minutos después.

“De qué sirve estudiar la Constitución Nacional o Construcción de Ciudadanía”, se pregunta la abogada Laura Taffetani, mientras pone en marcha la presentación judicial por el abandono provincial a las escuelas de Moreno. De qué sirve si las mismas instituciones que la teoría pinta como amparantes son las que dejan solos a los niños, en una intemperie que en cualquier momento les puede explotar en la cocina. Es decir, les impone el peligro como vecindad cotidiana.

Bernardo Tosi, parte de una autoconvocatoria de padres y vecinos que intentaron armar un grupo sin presiones de arriba ni de los costados (“Moreno sur logró crear un núcleo eludiendo a las organizaciones”), asegura que “las escuelas cierran el año en las condiciones en que están. Como si nada hubiera pasado”. Contundente, deposita las fichas de las responsabilidades en varios casilleros donde nunca se retrocede: “el estado provincial, los directivos, gremios docentes, el Consejo Escolar intervenido” y un nubarrón institucional que hace años se posó sobre una ciudad de cerca de 600 mil habitantes con variables sociales alarmantes.

“Aquí no existió como límite la muerte, como tanto se ha dicho. Acá no cambió nada. Hay una desmovilización generalizada”, dice Tosi y toca un botón áspero e incómodo: “los directivos también tienen responsabilidad porque cuentan con la facultad de cerrar las escuelas cuando no están en condiciones de funcionamiento, pero no lo hicieron cuando debían hacerlo”.

Mientras tanto, todo atisbo de unidad terminó detonado por las herramientas de un estado que encontró campo fértil para el quiebre. Y se impuso una decisión fatal: un comité de crisis en cada escuela. La fortaleza de la presión colectiva colapsó. Los vecinos de la autoconvocatoria tomaron como bandera un documento recuperado del Acta Acuerdo Paritaria Nacional 2011, firmado por los gremios. Son 12 puntos sobre infraestructura que, si hubieran sido militados y exigidos desde hace siete años, se hubieran evitado las víctimas. Las reales y las potenciales. Y vuelve Tosi sobre el tema central: el conflicto se desanuda por el lado de la negociación política y no de la exigencia. “Los que no estábamos dispuestos a negociar sino a exigir, quedamos solos”.

“Hoy están todas las escuelas cerradas. Las que funcionan son muy pocas, las nuevas, construidas hace dos años”. Y se reabrió “la 49, que es la única sobre la que se trabajó. Pero no responde a los doce puntos. El gas, por ejemplo, está desconectado”.

Fue la Gremial de Abogados la que tomó la posta para exigir por medio de la Justicia que la educación pública no se caiga en las cabezas de los niños y de los docentes en las escuelas de Moreno. Ni les explote en la cara. A respuesta fue el detalle de un plan de obras en cada escuela. “Lo que pedíamos es que se terminaran las obras. La respuesta intenta ser verdad, no lo consigue y obviamente es insuficiente. La idea es tener algunas escuelas clave que respondan a lo que ellos llaman tres puntos de aseguramiento”, sintetiza Bernardo Tosi.

“El acto de educar no es aprender la currícula que se establece porque en la escuela se aprende la vida”, dice Laura Taffetani cuando se va de la dependencia judicial junto a Lara, de diez años. Que sacó fotos de los sellos en el expediente.

Y de ese mostrador donde quedó el reclamo, en una oficina de la fría burocracia estatal donde suelen congelarse los sueños transformadores. Y el futuro colectivo que se desplaza como un barquito de papel en una tempestad de cemento.

Edición: 3776