“Será justicia...”

Por Carlos del Frade

(APE).- Los acusan de “robo agravado por el empleo de arma”. Son cuatro adolescentes que estaban encerrados en un centro de rehabilitación para adictos pero irán a juicio oral por el supuesto robo que se les imputa y haber encerrado a sus celadores. Sin embargo la historia es más compleja.

Los adolescentes denunciaron que “como medidas educativas, los coordinadores los mantenían gran parte del día en un pozo de tierra que les hacían cavar y donde, luego, les arrojaban agua podrida; que simulaban ahogarlos en una pileta de natación y que los obligaban a caminar con los codos”, afirman las crónicas periodísticas.

Estos pibes venían de Tucumán, por orden de un juez de menores y terminaron su periplo en la llamada comunidad terapéutica “Volver a empezar”, en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires.

El primero de abril de 2005, los chicos tucumanos y otros de Buenos Aires, nueve en total, se rebelaron. Usaron lo que tenían a mano contra tres coordinadores y se fueron con algo de ropa, un celular y setenta pesos.

Los metieron presos por dos meses.

El juez de San Martín, Grammatico Mazzari, admitió la existencia de las torturas pero resolvió iniciar el juicio por el robo. En su sentencia escribió que "sin perjuicio de señalar que existe una coincidencia al menos general acerca de los tratos vejatorios que se les propinaban a los internados, no avizoro circunstancias suficientes que me permitan arribar a un veredicto desincriminatorio".

Agregó que "en el peor de los casos podría justificarse que ante el disgusto emprendieran la fuga, pero en modo alguno se justifica haber maniatado a sus coordinadores y compañeros, y mucho menos, haberle sustraído sus objetos personales".

El abogado Walter Reinoso, representante de dos de los pibes estragados por el sistema, aseguró que "el juez interpreta las pruebas a favor de los chicos en forma negativa y no tiene en cuenta que un juicio los expondría a una cuota considerable de sufrimiento y a un descrédito público innecesarios".

Remarcó que en tanto las causas por fuga y robo avanzan hacia el juicio, las denuncias de maltrato están varadas, frenadas, como si no importaran.

Reinoso, entonces, dijo lo obvio: "El juez no tuvo en cuenta que ni siquiera se citó a indagatoria a los celadores. Si se hubiera avanzado en esa causa, quedarían acreditados los motivos de la fuga, porque fue consecuencia de las torturas". Y se preguntó: "¿Tendría que haber habido un muerto para que se acepte la fuga?"

De tal forma, los pibes tucumanos serán condenados por cuarta vez. La primera fue cuando los sentenciaron a soportar el presente a través de las drogas, cuando los convirtieron en consumidores consumidos.

En una segunda oportunidad recibieron torturas y apremios ilegales, como si vivieran en un país sin ley ni garantías mínimas.

La tercera condena surgió cuando los metieron presos durante dos meses y ahora será tiempo de la cuarta etapa del castigo, cuando se los juzgue por la fuga y el robo de setenta pesos.

Así es de preciso el sistema judicial argentino, hace efectivas las condenas contra las víctimas y deja impunes a los victimarios.