Policía, basura y desarmadero

Por Claudia Rafael

(APe).- Todos los caminos conducen a Márquez 402, en José León Suárez. Cinco policías detenidos; entre ellos, el comisario: gestionaban dentro de la misma comisaría un desarmadero. Desmontaban los autos y vendían las partes. Una pyme perfecta amparada entre los brazos del poder en el corazón mismo de una barriada caliente del conurbano. No es una comisaría cualquiera. Tiene prontuario propio. Y ofrece la radiografía más cruda y perfecta del sistema policíaco, brazo armado del modelo. Los nombres de los cinco policías son los de cinco piezas al azar, fácilmente reubicables y reemplazables. Porque el show necesariamente debe continuar. En los últimos estertores de octubre de 2013, los vecinos de la zona irrumpieron violentamente sobre esa comisaría a fuerza de fuego y grafitis. “Arruina guachos”, “la gorra arregla”, se leía sobre las paredes de la calle Márquez. Un par de bandas transas con la conveniente protección policíaca se acababan de enfrentar en puja territorial y sus balas se llevaron puesta la vida de Enzo Ledesma, de 13 años.

El historial cobija perversidades. Es la misma comisaría cuarta que, en febrero de 2011, reprimió con balas de plomo y asesinó a Mauricio Ramos y Franco Almirón, el Pela y el Gordo. A Joaquín Romero, el Joaco, “diosito”, como le dijo la Toti –su mamá- “es la tercera oportunidad que te da. Ponete las pilas”. Y Joaco zafó. Los tres habían ido a cirujear al basural de la Ceamse y cuando descarriló un tren de la Nueva Compañía Argentina con autopartes y alimentos de Arcor y Bagley “los señores del orden” irrumpieron con gases y escopetazos en la zona de las vías. Ellos miraban a un costado. Tenían 16 y 17 años. Fueron fusilados por la policía. La bronca del barrio se enfocó también entonces en la comisaría de la calle Márquez. Los pibes, en aquel caluroso febrero de 2011, arrojaban piedras al edificio policial y a lo que entonces llamaron cementerio de autos. Ese que ahora saltó a los medios por el hallazgo del negocio policial de autopartes. En aquel tiempo, al frente de la comisaría cuarta estaba Víctor “Patito” Uhalde, que –como corresponde a la fuerza de seguridad más poblada del país- seguía ascendiendo impunemente a pesar de que en 1993 fue condenado por torturas. En 2003 pasó a subcomisario; en 2004, a comisario y tras varios destinos en la zona sur pasó a la casona de la calle Márquez.

Después del crimen de Enzo, sus padres –que recibieron amenazas de muerte- presentaron ante la Fiscalía General de San Martín un documento que decía que “venimos a denunciar formalmente la existencia de organizaciones en todo el cordón urbano lindero con el camino del Buen Ayre, que tienen por finalidad la comisión de delitos y que producto de su accionar han dejado como saldo niños, niñas y jóvenes asesinados durante estos últimos meses”. E hicieron ante el fiscal general Marcelo Lapargo una denuncia penal por asociación ilícita entre policías de la provincia y grupos narcos. El mismo Lapargo que por estos días ordenó a los fiscales bajo su órbita no cumplir con el protocolo contra la violencia de género.

En aquel “saldo” del que hablaban los padres de Enzo estaba Brian Nahuel Palma, de 16 años, que fue asesinado de dos balazos cuando intentaba intervenir en una pelea. Su mamá, denunció que el asesino de su hijo fue ayudado a escapar por sus contactos en la comisaría de calle Márquez. Y, en marzo de 2013, dentro de la villa Carcova, Rubén Navarro –también de 16- murió de ocho disparos de ametralladora. Su familia denunció a transas del barrio en la comisaría cuarta. “Pero como están arreglados no hacen nada”, denunció una familiar de Rubén.

No se trata de una fatalidad, de un destino imposible de sortear. La serpiente se apropia de todo sitio que le depare las condiciones dignas para anidar, fortalecerse y atacar. Para armar la red necesaria para controlar cada negocio merecedor de su atención: desarmaderos, prostíbulos, narcotráfico, basura. Como cuando las montañas de residuos se devoraron perversamente a Diego Duarte, de apenas 15 años, allá por 2004, en un negociado gestionado también por policías. Entre ellos, un ex jefe de calle de la Cuarta de la calle Márquez.

El sociólogo Javier Auyero dice: “Que la policía de la provincia de Buenos Aires funciona como una organización cuasi mafiosa y extorsiva no es novedad para nadie y esto se observa en cómo funcionan el robo de autos y el tráfico de drogas. No es que el Estado sólo ha estado mirando para otro lado: el Estado ha estado reproduciendo esta violencia, y parte de esa causalidad es lo que están haciendo los distintos niveles del Estado”.

El pibe, en el barrio, mira a su alrededor y espera. Sabe que más tarde o más temprano habrá un manojo de penas que lo circunden. Generaciones enteras dieron cuenta de los basurales hecho crimen casi perfecto. Desde los fusilamientos del 56 a las fáciles gatilladas contra el Pela, el Gordo o Enzo. Porque, como decía Celaya, “a penas si nos dejan decir que somos quien somos” y tal vez por eso mismo es que “nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo”.

Es hora de parir un grito que sea cielo y esperanza. Para que el destino de todos los caminos deje de ser, de una vez por todas, el que lleva a los túneles oscuros de la historia hecha trizas. Y en donde el pibe, como Gelman, se pregunte: “Tanto dolor, ¿dará belleza algún día después?”.

Edición: 3271