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(APe) - Como los ricos pagan poco, o evaden, por sus relaciones carnales con el poder, pretenden cobrales a los pobres. El Gobierno propone ampliar los impuestos a fundaciones y cooperativas. La iniciativa, que estremece a las organizaciones sin fines de lucro, forma parte de una reestructuración del sistema impositivo y figura en la carta de intención enviada al FMI. Nos preguntamos ¿Cobrarle impuesto a la ternura?. ¿No viola claramente la Convención de los Derechos del Niño?.
Paulo Freire decía que el unico lugar donde se espera con esperanza es en la lucha. Y aquí estamos, los nosotros, afilando nuestras ganas de terminar con la amenaza de los recaudadores de impuestos, alquilados por la AFIP, enfundados en buenos trajes, y que no tienen piedad con esos cuerpos que se los lleva el hambre.
La noticia pasó desapercibida, camuflada en el fárrago de informaciones que rodeó al acuerdo que el Gobierno argentino alcanzó en enero pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero en caso de aplicarse a pie juntillas, podría tener graves consecuencias para las entidades sin fines de lucro de la Argentina. En especial afectará a las organizaciones sociales que se han hecho cargo en los últimos años de atender la grave situación social que vive el país, ante el retiro del Estado de algunas de sus funciones específicas como la atención de la salud, la educación y el combate a la pobreza. En el caso de la organizaciones que trabajan con niños no deja de ser una perversidad. ¿Acaso la Constitución son apenas unas cuantas frases literarias alejadas de la vida de nuestra gente?.
El eje de la cuestión es la propuesta de eliminar exenciones impositivas a las organizaciones sin fines de lucro, particularmente la inclusión de estas entidades como contribuyentes del Impuesto a las Ganancias, una vieja aspiración de los últimos gobiernos nacionales, acosados por una abultada deuda pública y déficit fiscales crecientes.
La Carta de Intención enviada por el Gobierno nacional al director gerente del FMI, Horst Köhler, fechada el 16 de enero de 2003, se refiere en su tercer capítulo (Marco de mediano plazo y reestructuración de deuda) a una reforma integral del sistema impositivo y "una reducción sustancial de las exenciones impositivas y de las alícuotas impositivas preferenciales".
El inciso III menciona específicamente una "ampliación de la base de impuesto a las ganancias para incluir los ingresos por intereses y dividendos, y las ganancias de cooperativas y fundaciones".
El argumento del Poder Ejecutivo es que las actividades comerciales de las ONGs deben ser gravadas del mismo modo que lo son las actividades comerciales de una empresa con fines de lucro. Sin embargo, es importante aclarar que la línea divisoria entre instituciones sociales y compañías comerciales pasa justamente por el objeto de la entidad. Las organizaciones sociales no distribuyen ganancias, mientras que la razón de ser de las firmas comerciales es justamente la acumulación de beneficios económicos. Por eso es válido gravar a éstas últimas y no a las ONGs y fundaciones.
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