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Por Carlos del Frade
(APe).- Una vez más los niños son los más perjudicados en la Argentina del tercer milenio.
Las cifras vuelven a denunciar los efectos interminables del saqueo sin fin.
Las pibas y los pibes parecen ser el blanco ideal de una brutal condena contra los empobrecidos.
Más allá del discurso oficial que cacarea por izquierda y pone los huevos por derecha, los números marcan la obscena continuidad de la matriz de exclusión de los años noventa.
Para el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, las brechas sociales se profundizaron en los últimos seis años.
La literatura del deseo kirchnerista no puede tapar la realidad de los efectos de su política económica.
Los datos expresan que “en la población hasta 18 años de edad la pobreza ascendía al 41 por ciento; entre 19 y 60 años al 22 por ciento y entre la gente con más de 60 años la pobreza sumaba el 12 por ciento”.
De tal forma, los investigadores dicen que “las diferencias entre grupos etarios son muy profundas, al punto tal que la incidencia de la pobreza entre los niños y adolescentes es más de tres veces superior a la incidencia de la pobreza entren las personas mayores de 60 años”.
La conclusión más dramática es que “prácticamente la mitad de los pobres está constituida por niños o adolescentes. La concentración de la pobreza entre los menores tiene consecuencias muy graves porque el daño que la marginación provoca en el desarrollo físico, intelectual y social de una persona se potencia cuando actúa en los primeros años de la vida”.
El documento remarca que el crecimiento del gasto público se utilizó a favor de las moratorias previsionales.
Este hecho “confirma que la gran mayoría de las personas beneficiadas con las moratorias no estaba en situación de pobreza. Esto implica que con la misma inversión pero con un diseño menos rudimentario se podría haber resuelto el problema de la pobreza entre los mayores de 60 años y simultáneamente destinar más recursos a atender la pobreza entre niños y adolescentes, que es donde se concentran las situaciones más masivas y críticas de marginalidad social”.
La condena contra los pibes genera “trabajo infantil, explotación de menores, drogadicción y delincuencia juvenil. La discusión en torno de ‘mano dura o garantismo’ es una falsa antinomia que trata de disimular que la cuestión de fondo es si el Estado seguirá sirviendo a los sectores más acomodados actuando en función de las presiones corporativas, o asume el compromiso de garantizar a todos los ciudadanos desde el momento de su concepción, condiciones mínimas que garanticen su desarrollo personal”.
Para el Idesa “el impacto regresivo de otras fuentes de crecimiento del gasto público. Por ejemplo, el uso masivo de fondos fiscales para sostener las políticas de estatizaciones y de subsidios indiscriminados a empresas públicas y privadas. Que se destinen 1.400 millones de pesos por año para sostener la estatización de una compañía aérea (más de la mitad de los cuales son fondos para cubrir déficits operativos corrientes de la empresa) cuando el 40 por ciento de los niños y los adolescentes viven en condiciones de pobreza muestra hasta qué extremo llega la insensibilidad social en el uso de los recursos públicos”, remarca el Instituto.
Una vez más en la Argentina del tercer milenio, los pibes son los más perjudicados.
Fuente de datos:
Diario El Litoral - Santa Fe 15-06-09
Edición: 1534
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