Las armas públicas

Por Miguel A. Semán 

(APe).- La diputada peronista Inocencia Charole, perteneciente a la etnia toba, denunció que quienes manejan el plan de ayuda social Paicha, destinado a asistir a poblaciones aborígenes del Impenetrable, obligaron a niñas wichis de entre 13 y 15 años a tener sexo a cambio de comida.

El plan, cuya finalidad era acudir en ayuda de las comunidades en emergencia alimentaria y sanitaria, fue implementado por el actual gobierno chaqueño, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre el problema.

Por Miguel A. Semán 

Donde empiezan los líos

es a partir de que una mujer dice

que el sexo es una categoría política

Roque Dalton

(APe).- La diputada peronista Inocencia Charole, perteneciente a la etnia toba, denunció que quienes manejan el plan de ayuda social Paicha, destinado a asistir a poblaciones aborígenes del Impenetrable, obligaron a niñas wichis de entre 13 y 15 años a tener sexo a cambio de comida.

El plan, cuya finalidad era acudir en ayuda de las comunidades en emergencia alimentaria y sanitaria, fue implementado por el actual gobierno chaqueño, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre el problema.

La noticia publicada en el diario Clarín del 19 de marzo no provocó reacciones de famosos ni de ciudadanos comunes que reclamaran penas ejemplares para los violadores de niñas hambrientas. Semejantes omisiones hacen pensar que tal vez estemos construyendo una sociedad donde muchos creen, como en algunos países africanos, que la violación es el único delito cometido por la víctima, aunque la víctima tenga catorce años y los victimarios sean tres hombres adultos, fuertes y criminalmente sanos.
Tal vez entre nosotros existen los corruptos capaces de excitarse con el hambre humana y los corruptos capaces de justificarlos. Al fin y al cabo los violadores, dicen, encuentran el placer en la indefensión o la vulnerabilidad de la víctima y la desnutrición, la pariente más dramática y despojada de la desnudez, coloca a quien la padece en el extremo de la vulnerabilidad.

Pero las cosas no vienen porque sí. Todo esto pasa en una provincia históricamente hambrienta y violada y en la que hoy, pese a que las autoridades sostengan que ha disminuido el índice de mortalidad infantil, ha aumentado la desnutrición en la franja de niños de 2 a 5 años.

Como para afianzar la vulnerabilidad y seguir agregando clientes a los encargados del Paicha, el gobierno redujo el presupuesto de salud para la compra de medicamentos. Tampoco tiene previsto comprar ambulancias en una provincia donde la gente muere en camino a los centros de atención y no se piensa invertir en obras de infraestructura ahí donde los puestos sanitarios, como en el Impenetrable, son devorados por los yuyos.

La desinversión en salud pública sólo se traduce en muertes y otras vergüenzas: María Soledad Medrano, murió el 5 de febrero de 2009 a los 25 días de vida, 4 días después de ingresar en el puesto sanitario de Bermejito. La ambulancia estaba fuera de servicio. 

Irene Chávez, 2 meses de pobreza sin fondo la matan de muerte súbita en el camino entre La Rotonda y Fortín Lavalle, a 10 kilómetros del puesto sanitario de Bermejito.

El bebé de Alicia Álvarez, una nena de 14 años, murió después de haber vivido y sufrido 4 meses en el casco urbano de la Villa Río Bermejito.

En el curso de 7 meses, 10 bebés tobas murieron en el área de cobertura de ese puesto sanitario.

En Chaco las viejas enfermedades vuelven fortalecidas y cada vez más gente acude, como puede, a los centros sanitarios sin encontrar respuestas. No existe política de salud, ni política en general que sea eficiente, equitativa y solidaria, tal vez porque no somos eficientes, equitativos ni solidarios.

La salud pública no sólo es una variable de ajuste del gasto de estado, ahora también es un arma pública y privada, como la hoja de una navaja apoyada sobre el cuello de los que se acercan a pedir ayuda.

Edición: 1471