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Por Sandra Russo
(APE).- Primero fueron balazos, empujones, patadas, gritos, violencia institucional asestada sin reparos ni ahorro contra los cuerpos indefensos de los “usurpadores” que había ocupado las casas del Fondo Nacional de la Vivienda, en el Chaco. Aquella noche del 5 de enero, la policía provincial, que actuó por orden nada menos que de un juez de garantías, dejó un saldo de espanto y dolor cuantificado en detenidos y heridos. Pero todo pasa.
También la noticia de que la policía había embestido brutalmente contra esas doscientas familias que habían llegado ahí corridas por el desamparo en el que las internó una tormenta, y que barrió con todas sus antiguas y precarias casillas.
Ahora, los focos se alejaron, aquellos “ocupas” o “usurpadores” han quedado reducidos una vez más a “sin techo”. Tras la feroz embestida, ninguna solución. Las viviendas del Fondo Nacional han quedado vacías, quién sabe para qué destino, mientras aquellos cuerpos reprimidos de Puerto Vilelas hoy se abandonan en escuelas o en plena calle. Tres de las escuelas de Puerto Vilelas son sede de desamparados. Sedes colmadas, rebosantes de mujeres, hombres y niños que ignoran qué pasará con ellos dentro de un mes, cuando empiecen las clases. El Municipio de Puerto Vilelas les procuró solamente a algunos ese reparo provisorio, aunque esa gente reclama, sigue reclamando, por supuesto una vivienda digna, pero empiezan por más abajo, por lo más elemental todavía. Piden agua. Sí, agua potable. Donde los han dejado instalarse no hay. Ni alimentos. Ni pañales. Ni medicamentos. No hay nada.
En la EEGB N°69, por ejemplo, estaban alojadas 27 familias. Allí había ido a parar Catherine, de un año y medio, cargando en su pequeño cuerpo su desnutrición en segundo grado. O el pequeño Simón, que con hidrocefalia, descansaba de una noche agitada.
En la Escuela para Adultos N°8, “La Redondita”, las madres alojadas declararon que los funcionarios municipales que las llevaron allí se negaron a abrirles las puertas de las aulas, y debieron dormir en la vereda.
La familia López, que el jueves pasado se había encadenado a la mesada de la vivienda que había ocupado para resistir el desalojo, no encontró ninguna escuela donde alojarse. Sus integrantes debieron instalar una carpa en un terreno baldío. El jefe de la familia indicó que hace ya cinco años que había iniciado los trámites correspondientes para gestionar una de las casas del Fondo Nacional de la Vivienda, pero finalmente después de la feroz tormenta decidió ocupar una, harto de esperar.
Así, las cosas, el jefe de la policía chaqueña ordenó una investigación administrativa para “deslindar responsabilidades” del personal policial en la represión del 5 de enero. Una investigación que es fácil presumir que quedará en nada, como quedaron tantas veces en nada las promesas de soluciones a problemas estructurales que dañan de modo irreparable miles de vidas tristes. Las instituciones, una vez más, se han autoprotegido y autopreservado, en la vereda de enfrente de las necesidades populares.
Fuente de datos: Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh 07-01-06
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