Esos quince

Por Sandra Russo

(APE).- Era obvio, pero se trataba de una de esas obviedades que esta sociedad deja pasar de largo. Era una injusticia, pero ejemplificadora. Eran una piedra en el zapato. Para arriba y para abajo eran una piedra en el zapato. Para arriba, porque en un país tan laxo en el momento de meter presos a los verdaderos delincuentes, que quince manifestantes hayan estado un año y medio detenidos acusados de “coacción agravada” era incómodo de explicar.

Para abajo, porque esos quince manifestantes, presos, indicaban que el ejercicio de la manifestación es peligroso: pueden a uno acusarlo de cualquier cosa y hacerle pasar un año y medio a la sombra.

Lo cierto es que por fin, el fiscal del tribunal oral Alejandro Alagia decidió lo que los detenidos venían pidiendo desde el principio: el cambio de carátula. Habían sido detenidos un día de furia frente a la Legislatura porteña. Había allí manifestando una cantidad considerable de gente que se sentía afectada por lo que se estaba aprobando allí adentro: en nuevo Código de Convivencia, que endureció abruptamente el trato hacia quienes trabajan en la calle, prostitutas, vendedores ambulantes, chicos de la calle, manifestantes sociales y políticos. Ese día hubo un cambio de actitud en el gobierno. De la tolerancia hacia las manifestaciones se pasó sin previo aviso a la tolerancia cero. Hubo provocadores o infiltrados, no se sabe, pero cayeron piedras contra los vidrios de la Legislatura y hubo un intento de incendio de una de sus puertas. La policía actuó siguiendo estrictas órdenes. Ese día tenía que haber detenidos. Y los hubo. Fueron estos quince. Lo que tendría que haber sido una simple contravención se convirtió en una acusación de “coacción agravada” que los mandó directamente a las cárceles de Devoto y Ezeiza. Y allí quedaron. La jueza Silvia Ramond mantuvo la acusación contra esos vendedores ambulantes y esas mujeres en situación de prostitución.

Después de reclamar desde la cárcel lo que era obvio, y después de comprobar penosamente que lo obvio no por obvio se resuelve, después de que se les negara repetidamente la excarcelación, que sí se otorga en casos muchísimo más graves, dos de los quince presos iniciaron hace veinte días una huelga de hambre que puso en riesgo sus vidas. En ese ínterin uno de ellos confió a la prensa que la propia jueza le dijo que “a usted se lo ve en los videos tocando el bombo”. Si de tocar un bombo puede sobrevenirle a un ciudadano cualquiera una acusación de coacción agravada, que prevé penas de entre 5 y 10 años de prisión, a quien lo acuse también, tarde o temprano, puede sobrevenirle un juicio político. Y es de esperar que eso sí suceda.

Pero la semana pasada el fiscal cambió la carátula. Serán juzgados solamente para saber si perturbaron el debate legislativo. Les ofrecieron una probation. Algunos se negaron. Sería admitir que delinquieron. Como fuere, esas quince personas recuperaron la libertad a la espera de un juicio. Serán absueltos, seguramente. El Estado, a través de una jueza incompetente u oportunista, les robó un año y medio de sus vidas.

Fuente de datos: Diario Página/12 08-09-05