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Por Sandra Russo
(APE).- El jefe de la Policía Federal, el comisario general Néstor Valleca, le pidió el lunes disculpas a la madre de Camila Arjona, de 14 años, asesinada el viernes en Lugano por tres agentes borrachos. No alcanza. Sobre todo después de que el director de comisarías de la misma fuerza, el comisario mayor Gustavo Ramos, expusiera su punto de vista sobre el crimen aberrante del que fue víctima la adolescente: “Las personas obran de manera extraña en algún momento”. ¿Pide disculpas la Federal por la “manera extraña” en que obran “las personas” en “algún momento”?
Camila, embarazada de casi cinco meses, dormía junto a su novio, Leonardo, cuando se escucharon gritos en la calle. De la esquina venían esos gritos: donde estaban apostados los policías Adrián Bustos, Miguel Ángel Cisneros y Mariano Almirón. Según lo que reconstruyeron testigos para los que ahora la familia de Camila pide protección especial, los policías estaban discutiendo con un grupo de chicos del barrio. Les exigían que fueran a comprar cocaína para ellos y los chicos se negaban. Empezó una balacera no cruzada, unidireccional: los policías estaban ebrios, atacaban. El kiosquero ya les había vendido ocho botellas de cerveza. Uno de los tres disparó al voleo. El disparo dio en la espalda de Camila y la mató. Uno de los policías se enfureció con ese cuerpo inerme que -debe haberlo previsto- iba a traerle complicaciones: se acercó y le pateó la cabeza. El hematoma fue fotografiado por la familia de la víctima.
El caso reúne los ingredientes más apestosos que puedan concebirse, y está muy, muy alejado de las “maneras extrañas” en que ocasionalmente puedan “obrar las personas”. Solamente una hipocresía mayúscula puede pretender amparar la conducta de estos tres policías en una generalidad tan burdamente inaceptable. Los policías no son “personas” comunes, son personas armadas por el Estado y ese hecho multiplica su responsabilidad por sobre todas las demás personas. Los policías no pueden embriagarse en un kiosco como las demás personas, porque están armados y pueden, como en este caso, agredir fatalmente a otros. Los policías no pueden encargar a nadie la compra de drogas ilegales, porque eso constituye un delito siniestro y no es un delito aislado: los policías suelen apretar a jóvenes pobres para que delincan en su propio beneficio. La patada en la cara de la adolescente muerta, finalmente, lo que hace es enmarcar y abrochar la brutalidad institucional con su justo moño: un moño despiadado, brutal, asesino.
No es casual que la familia de Camila esté siendo representada por el abogado José Vera, que fue quien llevó adelante el caso de Ezequiel Demonty, el chico obligado a arrojarse al Riachuelo por una patrulla policial, el hipoacúsico que terminó ahogado porque no obedecía las órdenes que no escuchaba y porque no sabía nadar. Estos casos no reflejan en absoluto ninguna característica general de la condición humana, sino en todo caso dan cuenta de la aberración a la que es capaz de llegar el poder de fuego cuando está inspirado en una ideología que libra a los jóvenes pobres como a leones en un circo romano. No son nombres de policías aislados los que coronan este tipo de crímenes imposibles de digerir, sino políticas de exterminio aplicadas con el desdén de quienes siempre podrán rescatar a “la institución”. Es la institución, precisamente, la que tiene que hacerse cargo de las bestias que crea, la que tiene que ir más allá del pedido formal de disculpas, y examinar su propio corazón intoxicado por el desprecio a la vida.
Fuente de datos: Diarios Clarín / La Nación / La Razón / Pagina/12 y Noticias Urbanas 05-04-05
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