Por Claudia Rafael
   (APe).- Cinco policías fueron imputados por el homicidio de Daiana Soledad Abregú. Quedaron todos detenidos esta noche. A 51 días de aquello que la Bonaerense quiso dibujar en Laprida como el suicidio de la joven de 26 años, la jueza de Garantías Fabiana San Román firmó la orden de detención para Vanesa Soledad Nuñez, Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Nuñez, Pamela Di Bin y Leandro Fuhr. El fiscal Ignacio Calonje confirmó que el lunes 18 concretó el pedido, tras el planteo que la Comisión por la Memoria le hizo ni bien se conoció el resultado preliminar de la segunda autopsia. Allanamientos y detención fueron ordenados por San Román y ya el quinteto policial se encuentra privado de su libertad. Mañana mismo serán indagados por el fiscal. Todos están imputados por “homicidio calificado por su comisión con alevosía y por abusar de su función en su calidad de miembro de las fuerzas policiales”.

La figura penal es gravísima: si bien resta tiempo para que queden sentados ante los jueces que determinarán sus destinos, todos fueron acusados de homicidio agravado y puede significarles el pasaporte a condenas de largos años de prisión. Nada, sin embargo, devuelve a la vida a aquella joven, mamá de un niño de 9 años, que simplemente salió en su último fin de semana en Laprida, previo a la mudanza que el lunes 7 de junio haría con su hijo a La Plata. Ni nada tampoco rehace de las angustias y el dolor por toda una serie de montajes de los que los padres, hermanos, hijo y afectos de Daiana Soledad Abregú fueron víctimas. Pero hay además toda una sociedad que sabe –o debe saber- que cuando alguien supuestamente se suicida en una celda policial hay un altísimo porcentaje de posibilidades de que la responsabilidad esté en manos de la fuerza de seguridad a cargo.

Los resultados completos de la autopsia se conocerán recién en dos o tres meses pero ya se sabe que no había signos de ahorcamiento. En el entorno de la investigación penal presuponen que “Sole”, como la llamaban sus afectos, tuvo una crisis nerviosa en la que gritaba por su niño, para que la dejaran regresar a su casa. Creen que el quinteto policial quiso calmarla con ese tipo de actuaciones que suelen tener las fuerzas de seguridad: “la chica estaba exaltada y le aplicaron bolsa”, piensa en voz alta una de las fuentes de la investigación en diálogo con APe. “Estaba hiperdilatada, hiperventilada y al aplicarle bolsa muere por asfixia con muchísima mayor rapidez”. En alusión al viejo método de tortura de ahogar con una bolsa en la cabeza.

Laura y Roberto, padres de Sole, contaban días antes su propia mirada que coincide a la perfección con lo que ahora está en boca de los investigadores: “Sole fue al boliche, dicen que se peleó con otra chica. A ella sola la llevaron. A la otra chica no la llevaron ¿por qué?. Dijeron que ella tenía un ataque de nervios. Si es así, acá hay un lugar de salud mental ¿por qué no la llevaron ahí?. No tenía alcohol ni drogas en el cuerpo. Lo único que hacía era pedir que la dejaran ir. Decía: `me quiero ir a mi casa a ver a mi nene`”

Ya saben que los tiempos de la justicia no son los de una familia que sigue mirando a la silla vacía que dejó Sole. Para ellos será así toda la vida, más allá de los años, aunque hoy se aferran a que haya condenas, a que se tuerza la desidia de quienes deben darles respuesta, a que no haya otras chicas como su hija a la que -dijeron Laura y Roberto- “yo creo que se les fue de las manos y que la mataron ellos”. Fue hace 51 días en que les golpearon la puerta de la casa para decirles que su hija había decidido no vivir más. Que se había suicidado con una campera amarrada a las rejas a menos de un metro de altura dentro del calabozo de la comisaría. Que se había metido en problemas en la noche anterior y que no tuvieron más opción que llevársela. Ni Roberto ni Laura, los padres de Daiana Soledad Abregú, creyeron sus palabras pero era lo único con lo que contaban y, encima de todos, uno de los portadores de la noticia era el comisario. Primo de Roberto, con el que se habían criado juntos y se querían. En pasado irreversible, porque ya no hay modo de conservar ese afecto.

Las autopsias

Durante un mes y medio el fiscal de Violencia Institucional de Olavarría (que tiene Laprida a su cargo), Ignacio Calonje, creyó en la versión de la perito Claudia Ochoteco, de la Asesoría Pericial de Azul. Se aferró a su informe y se negó –hasta que ya no hubo más opción- a una segunda autopsia en un centro forense en el que se respetaran a rajatabla los protocolos internacionales. Básicamente, cumplir con determinadas pautas cuando se sospecha que una muerte puede haberse producido con intervención institucional. En este caso: un supuesto suicidio en un calabozo de mala muerte, donde la víctima estaba ahorcada con su propia campera, de una reja a 90 centímetros de altura. Algo así como dos más dos es igual a cuatro, hasta que se demuestre lo contrario. Pero hay quienes se empeñan en hacer las cuentas matemáticas con otras lógicas.

El informe preliminar de la reautopsia –en la Asesoría Pericial de La Plata- concluyó que «examinado el cuello, no se observó surco de ahorcadura», «no se constataron lesiones en músculos del cuello… no se constataron alteraciones en laringe. Hueso hioides indemne». La joven murió por un «síndrome general asfíctico». Falta ahora esperar los resultados definitivos para conocer con exactitud qué ocurrió aunque ya este adelanto determinó que Calonje modificara su mirada.

La tortura como bandera

De “Sole” queda su sonrisa. La música fuerte que hacía sonar en la casa. Esa manía por no quedarse quieta ni un momento y por hacerse selfies. “Le gustaba pintarse, acomodarse, sacarse fotos; le gustaban los espejos, la pintura, los moños para el pelo, inventaba su propia ropa y se la hacía, pintaba los vaqueros, las camperas. Era un poco loca por las zapatillas, no las usaba, pero le gustaba tenerlas, porque ella siempre tenía una prenda para cada día. No se vestía nunca igual”, recuerda hoy su mamá, Laura. Cuenta que empezó a jugar al fútbol en el club Lilán, de Laprida, desde que llegaron desde La Plata hace 13 años. “Siempre jugó, lo que pasa es que desde hace dos años se había metido de lleno; empezaron las hermanas y luego ella…”.

Y queda su hijo que la sigue buscando en las noches, cuando llora o se despierta. Y vuelca todo en un cuaderno que una maestra le regaló para que utilizara como diario en una de las primeras marchas por Justicia para su mamá. Y por eso tal vez le escribió en una de las primeras hojas “yo voy a pedir justicia por vos hasta que todo esto pase”.

Daiana Soledad Abregú se hermanó con tantos pibes y pibas víctimas de la violencia del Estado. En este caso, de un grupo de integrantes de la Policía Bonaerense que depende del ministerio de Seguridad que dirige Sergio Berni.

Cuatro de los cinco policías ahora detenidos (excepto Vanesa Núñez, que fue separada del cargo precautoriamente) siguieron en funciones durante estos 51 días. Simplemente se ejerció el clásico oficio de la calesita que va sacando de una seccional para llevar a los denunciados o acusados a otra.

En algunos meses (tiempo más, tiempo menos) habrá un juicio contra todos ellos. Cinco individualidades que confluyeron, según coincidieron ahora el fiscal y la jueza de Garantías, en el crimen de una joven.

Pero nunca se sienta al banquillo de los acusados a la entera estructura que es la matriz de la crueldad a la que Daiana Soledad Abregú fue sometida. De lo contrario, lo ocurrido en Laprida sería meramente un hecho aislado.

Cuando los hechos aislados se suman y se repiten en múltiples geografías, se está hablando –aunque no se lo pronuncie- de prácticas sistémicas aleccionadoras que siguen enarbolando la tortura y la muerte como bandera.

Edición: 4151

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