AySA/Mekorot: agua para hoy, sed para mañana

Por Martina Kaniuka

(APe).- Esta semana, se puso en marcha el plan de privatización de AySA -Agua y Saneamientos Argentinos S.A- que la gestión Milei había anticipado con la sanción de la Ley Bases y la aprobación de las tres décadas de explotación extractivista que ampara la adopción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).En la búsqueda de los supuestos 200 millones de dólares que ingresarían en las arcas de la república de la gente de bien con la exportación de nuestros bienes comunes, la proyección del despojo que esconden incluye el agua, el más limitado e indispensable.

La historia, como reza el mantra, ya se contó como tragedia y también como farsa. Esta última vez, predispuestos sin disimulo al saqueo indiscriminado, ya ni siquiera se gastan en contarla.

El 14 de noviembre de 2024, el gobierno dispuso por decreto la disolución del ENOHSA – Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento- organismo nacional encargado de las políticas nacionales de agua y saneamiento y de la financiación de investigaciones e innovaciones en la materia.

Tras la aprobación de la Ley Bases, siguieron con la eliminación de los subsidios al servicio de agua doméstica, aumentando las tarifas hasta un 1500% anual en 2024 y privatizaron las centrales hidroeléctricas de Limay y Neuquén. En la misma zona donde las comunidades originarias resisten en las nacientes, para que los jeques, los empresarios y los capitalistas que, jugando al TEG, los hostigan con patotas en sus territorios desde helicópteros, no se apropien y contaminen los brazos de los ríos.

El cierre de la Secretaría de Obras Públicas trasladó los deberes de la cartera a la Secretaría de Recursos Hídricos -a cargo de alguien tan idóneo en la gestión de aguas como Bartolomé Heredia un licenciado en economía y magister en finanzas. Pero además, con la excusa que los gobiernos anteriores ofrecieron razones -la subejecución, la corrupción y el desvío de fondos.

Al desguace de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), se sumó el desmantelamiento del INA (Instituto Nacional del Agua), a cargo del sistema del Río Paraná. Con las reestructuraciones de casi todos los organismos centralizadores del agua, restaba la privatización de AySA. Finalmente, esta semana fue anunciada junto al decreto que lleva la firma de Javier Milei y enuncia que la empresa podrá cortar el suministro de agua, en caso de que los usuarios registren mora.

El decreto firmado el martes -dictado “en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”– reforma el marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua, garantizando la venta de las acciones que hoy pertenecen en un 90% al estado nacional. Y mientras Javier Milei viaja en avión con su hermana a declamar sus incoherencias habituales a eventos de importancia para nuestra soberanía como el Derecha Fest, habilitan a la enajenación total y parcial de la participación accionaria.

Entre los candidatos a la compra, con el lobby consabido de los jetones predilectos del sionismo en nuestro país, ya hay un favorito: Mekorot, empresa estatal de agua israelí que ya firmó convenios con diez provincias para el diseño de planes de gestión de agua, denunciada por apartheid de agua y limpieza étnica en Palestina.  

Argentina es el sexto país en recursos hídricos del mundo y, de la mano de Eduardo “Wado” de Pedro, Ministro del Interior de la gestión de Alberto Fernández, Mekorot -empresa estatal de agua de Israel– firmó una serie de “convenios de colaboración”. Fue en febrero del 2023, después de un intento fallido en 2011, cuando acordaron con Daniel Scioli -en ese entonces gobernador de Buenos Aires- el establecimiento de una planta potabilizadora de agua en La Plata, rechazada socialmente en 2013.

Una comitiva oficial encabezada por De Pedro y diez gobernadores viajó a Israel, que le devolvió la gentileza un mes después, cuando junto a Malena Galmarini –presidenta entonces de la hoy privatizada AySA– y diversos ministros y funcionarios se reunieron en la Casa Rosada.

Son 10 las provincias con convenio firmado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) celebrados en el Centro Cultural Kirchner, el 13 de febrero de 2023, otra vez con De Pedro, ministros, gobernadores, Eylal Sela, embajador de Israel en Argentina y Jitzhak Aharonovich, presidente de la corporación. Esas provincias son: Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Formosa. En el caso de otras dos provincias, Santiago del Estero y Santa Fe, el CFI niega que se haya firmado convenio con Mekorot, pero sus gobiernos lo afirman ante la prensa. De las 10 que han firmado convenio, en sólo 5 casos se ha podido acceder a su contenido. La otra mitad de los convenios siguen siendo una incógnita, a pesar de haber solicitado la información.

Además del secretismo presente en los proyectos extractivistas -donde la discreción de la letra chica permite que las corporaciones se inmiscuyan en las poblaciones en profundidad, penetrando el tejido social a partir de actividades, supuestamente culturales y educativas con fines de control- no hay registro de los lineamientos, ni de los compromisos que el gobierno asumió en nombre de la población, con una empresa que tiene por objetivo nada menos que el control del agua. Los términos comerciales de los contratos violan, entre otros derechos, la consulta libre, previa e informada de nuestros pueblos originarios, el libre acceso a la información pública y la soberanía sobre información clave para el manejo de este bien esencial, hasta ahora en manos del Estado.

Mekorot fue denunciada por la ONU, el Comité Nacional Palestino, asambleas ecologistas y grupos parlamentarios a causa del apartheid, la violación de los derechos humanos, los crímenes de guerra cometidos contra el pueblo palestino y la profundización del modelo extractivista, lo que nos convierte en aliados de un estado genocida que cometió más de 10 violaciones de todos los estatutos en materia de derecho internacional.

En Palestina, el apartheid también limita el consumo de agua: Israel controla todos sus afluentes a través de Mekorot, incluyendo el agua de lluvia y los desechos cloacales, y recorta el suministro en verano, niega el acceso a las riberas del Jordán, militariza la zona y destina el 85% de los recursos hídricos a su propio abastecimiento, sometiendo a los palestinos a la sequía, al agua contaminada y cobrando el poco suministro que distribuyen en la zona a precios exorbitantes.

Al respecto, las palabras de Diego Berger coordinador de Proyectos especiales para la empresa, en ocasión de la reunión con De Pedro en Casa Rosada, son clarificadoras: “Israel nació y creció bajo la cultura de la escasez, mientras que América Latina lo hizo en el marco de la abundancia. Es necesario que esta región también se adapte a la cultura de la escasez”.

Con una planificación de largo plazo (entre 2030 y 2050) comenzarían por la evaluación de recursos hídricos, la reconducción y reutilización. Seguirían luego con la creación de patrones financieros para medir costos y empezar a cobrar el agua a los consumidores, modificando las leyes y los códigos provinciales de aguas y reordenando los usos y destinos de la infraestructura que actualmente existe en torno a su distribución. Y, aunque los plazos mencionados oficialmente hablan de décadas, con el RIGI habilitando a mineras y proyectos extractivistas a obviar impuestos, sanciones, multas y análisis ambientales y de riesgo, el proceso de modificación de las leyes y códigos provinciales de aguas y sus organismos de aplicación ya comenzó, para comenzar a ponerle precio al agua potable en el mismo país donde siete millones de habitantes no tienen acceso y otros veinte millones viven sin cloaca.