María Ovando: abandono cuatro veces agravado

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Por Silvana Melo

(APe).- La sala era enorme. Ruidosa. Ella no entendía qué pasaba. Por qué estaba ahí. Había carteles que ella no podía leer. Voces fuertes. Una especie de mostrador alto con hombres de traje atrás. Y mucha, mucha gente. Ella no entiende las palabras del Código. Ella sólo sabe que hace un año y medio que está presa, que le arrancaron del pecho a su bebé de tres meses, que la acusan de abandono doblemente agravado a su niña de tres años, que no vio más a sus once hijos vivos, que todavía siente en sus brazos el peso del cuerpito duro, muerto de desnutrición a la vera de la ruta donde nadie paró para llevarla al hospital, donde ella “con las manos” hizo un pocito y la enterró, porque qué sentido tenía volver al rancho otra vez con Carolina muerta, si no había podido llegar al Hospital con ella viva, al Hospital que está a 25 kilómetros de su casa donde no llega nada. Ni la vida ni el socorro ni el Estado. Que sí llegó para ponerla presa porque es tan feroz, María Ovando, que hubo que dictarle prisión preventiva porque se podía fugar. Cargando niños al hombro, los brazos destruidos por picar piedras y las piernas ulceradas por la tarefa, se iba a fugar María Ovando.

 

Se asustó y no quiso estar más en esa sala. Con ese ruido y esa gente de cejas en V que le decía asesina y abandonadora de niños. Al primer día del juicio María lo pasó en la oficina de al lado.

El doctor Eduardo Paredes escuchó la declaración de los dos médicos. “Dijeron haberla visto en estado de gravidez avanzada, sin ningún tipo de control. No tuvo un control en su vida. Vieron que los hijos tenían desnutrición y bajo peso”, relató a APe el abogado defensor de María.

“Le dijeron que tenía que ir a un Cap, que es un centro de atención primaria. El más cercano está a diez kilómetros. El otro a 25”. Pero los médicos dejaron en claro que María no había sido capaz de llevar a sus hijos al Cap. No había registros de que hubieran sido atendidos en un Cap. No le hubiera costado nada a María caminar diez o veinticinco kilómetros con los niños colgados del cuello y la cintura. Al Estado le cuesta tanto acercarse a la gente olvidada, a la que ni figura en sus mapas. Es que la gente olvidada se empeña en vivir demasiado lejos de los hospitales. Y no llega viva.

Los médicos –sigue Paredes- “fueron porque la habían visitado promotores de la salud del programa Hambre Cero”, que fue el programa que puso en marcha el gobernador Maurice Closs cuando se le empezaron a morir de hambre los niños como mosquitas. Cuando descubrió de pronto que tenía seis mil chicos desnutridos en Misiones caminando por la fina línea entre la vida y la muerte. El nombre del programa es, indudablemente, fruto del ingenio más febril. Hambre Cero donde la gente muere por hambre. Una magnífica ironía del Estado que, además del abandono doblemente agravado (por muerte y por Estado) de Carolina Ayala y otros miles de niños, busca reírse un poco para pasarla mejor.

“No saben de qué murió la nena –dice Paredes a APe que dijeron los médicos al Tribunal-; tal vez tenía alguna enfermedad agregada. Cuando les preguntaron ellos dijeron que no había desde el Estado ningún protocolo para actuar ante familias en riesgo o niños en esta situación. Ninguna instrucción”. Además “los chicos no tenían documentos ni recibían la asignación universal. Cuando les dan alimentos lo hacen como una dádiva. No a partir de un programa ni plan”.

María había parido su primer hijo a los 14 años. Su madre la había dejado y la conoció recién cuando ella tenía once. Cree, porque tampoco tiene documentos. Trabajó cortando la hoja de la yerba mate. Picando la piedra en una cantera. Pudo cobrar unos bonos de 170 pesos por mes por la piedra picada. Mucho esfuerzo, demasiado, para tan poca plata. En casa los chicos “no veían una proteína jamás”, dijo Paredes a APe que dijeron los médicos al Tribunal. “Puro carbohidrato, la comida diaria era una mezcla de harina con grasa y huevos”.

Al Estado le quedaba demasiado lejos la casa de María para hacerse un rato, ir y ayudarla. Eso sí, fue rápido e eficiente para meterla presa. Ahí sí estuvo la policía. Y el fiscal de la causa, Federico Rodríguez, que asegura que “María Ovando le arrancó el derecho a la vida” a la nena. El Estado –la justicia, la policía, el poder político, el ministerio público, los gobernadores, los presidentes, el hospital, el registro civil, la secretaría de turismo y el ministerio de desarrollo de Misiones- le arrancaron el derecho a la vida a María, a la madre de María, a sus hijos y a decenas de miles de Marías y parientes numerosos que han nacido y muerto tiznados de tierra roja. Nadie los sentó ante un Tribunal que les diga asesinos y los amenace con veinte años de cárcel.

El fiscal prefiere tomar una historia individual, descontextualizarla, descarnarla y centrarla en María. Determinar que era una mala madre, que no alimentaba a sus hijos, que no los llevaba al hospital y que es ella -y sólo ella- la culpable de todos los males del mundo, desde el pecado original en adelante. El abogado defensor respira hondo y aclara. “Más allá de los errores que pudo haber cometido María con respecto de sus hijos, el tema central no es ella, el tema central es ver en qué condiciones se vive en Misiones la pobreza estructural, y ese es un tema que hay que abordarlo y no pasa por un proceso Penal”.

Por ejemplo, María no cobraba la Asignación (¿Universal?) por ninguno de sus doce hijos. No existían los niños. Sin documentos, viviendo apenas por fuera de un caserío de El Dorado, primero en una casa de lona y después en una de madera con chapas, no fueron visibles para nadie. No existían para el Estado. Hasta que el Estado criminalizó a la madre.

Y de reprente aparecieron todos en un espejo vergonzante donde la Justicia viene a desplegar su Código absurdo para condenar el abandono. A un abandono doblemente agravado. Cuatro veces agravado: por ser el Estado. Por ser doce niños sin AUH. Por ser mujer (su compañero huyó con las pertenencias de la familia y nadie lo persiguió). Por ser pobre.

 


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