Por Carlos Del Frade

(APe).- El tercer milenio está por cumplir veinte años. Pero la ferocidad humana tiene tanta vigencia como el capitalismo. En la Argentina de fines del siglo diecinueve, la explotación humana estaba vinculada al proceso de “digestión social”, como escribiera en los años setenta pero del siglo veinte, el sociólogo Jorge Rivera.

El mayor grado de explotación humana y sexual, en aquellos tiempos, se concentraba en las grandes concentraciones humanas que luego devinieron en las viejas ciudades industriales. El 30 de julio, según Naciones Unidas, es la fecha dedicada a informar sobre explotación sexual en esta atribulada cápsula espacial llamada planeta Tierra.

En este siglo veintiuno, entonces, la explotación sexual tiene, en la Argentina contemporánea, un mapa directamente vinculado a la geografía donde aparecen las distintas formas de los modelos extactivistas.

El fenomenal saqueo de los bienes naturales en propiedad extranjera siempre está acompañado de la explotación sexual. Una matriz repetida y multiplicada que viene de los tiempos de La Forestal.

El 28 de julio de 2019, la información del presente parecía sintetizar el desarrollo de los negocios ilegales en las últimas décadas: narcotráfico y redes de prostitución van de la mano en distintos puntos del mapa argentino.

“Organizaciones delictivas conformadas por ciudadanos dominicanos acrecentaron su poder en la Patagonia argentina hasta tomar el control de trayectos claves dentro de las rutas del narcotráfico y la trata de personas en el sur del país, según información judicial”, sostenía el periodista Belisario Sangiorgio.

“Estos grupos criminales se dedican ahora al tráfico de drogas porque ya habían logrado hacer pie en el sur argentino y diseñaron un complejo circuito ilegal de postas en ciudades y rutas específicas para traficar y explotar mujeres migrantes. El circuito -útil para el narcotráfico por extenderse por varias provincias- se activa cuando engañan a jóvenes en la República Dominicana, que son enviadas a la Argentina, donde quedan retenidas hasta ser entregadas a otras bandas locales que regentean prostíbulos clandestinos en el sur, donde las mujeres explotadas sexualmente son transferidas de ciudad en ciudad hasta que su rastro se pierde. Esos grupos buscan quedarse también con el negocio de la venta de drogas”, agregaba el excelente artículo.

Remarcaba que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos de cinco mujeres acusadas del delito de trata de personas: según documentos judiciales, los prostíbulos fueron descubiertos a través de información aportada por la policía local, situación que permitió que agentes de la Prefectura irrumpiesen en dos casas en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde rescataron a seis mujeres que vivían en las mismas habitaciones en las que resultaban "vendidas" como esclavas sexuales.
Pero la postal del presente patagónico tuvo un antecedente en la provincia de Santa Fe.

A fines de 2001, organizaciones dedicadas al contrabando de cigarrillos y el narcotráfico eran, en forma simultánea, proveedoras de chicas paraguayas que luego eran explotadas sexualmente en distintos parajes de la ciudad de Rosario.

Aquella investigación decía que “una quincena de chicas, menores de veintiún años -muchas de ellas traídas del Paraguay-, son explotadas en tres locales nocturnos ubicados en Callao al 100 bis, Callao al 200 y en Cafferata y Santa Fe, enfrente de la Terminal de Ómnibus “Mariano Moreno” en la ciudad de Rosario. Se las obliga a ejercer la prostitución, no se les permite abrir la heladera de los “escondites” en las que se encuentran hacinadas y deben pagar una suma de 500 pesos semanales a sus rufianes a quienes tratan siempre de “don”.

“La información surge de escuchas telefónicas legales que se vienen llevando a cabo en el curso de una investigación judicial que tiene otros objetivos y que, de pronto, se topó con esta forma de explotación de menores en una de las zonas más emblemática de la ciudad. De las grabaciones surgen presuntas responsabilidades de integrantes de la Comisaría Séptima no solamente por el conocimiento del negocio sino también por el otorgamiento de certificados de extravío de documentos para tapar la edad de las menores. También aparecen sumas que supuestamente deben pagarse en concepto de coimas para distintas áreas policiales”, decíamos entonces.

La explotación sexual tiene en Argentina la vigencia del saqueo de los bienes naturales y la impunidad que construyen los distintos flujos de dinero ilegales, más allá del día internacional de lucha contra el vasallaje sexual.

Edición: 3918

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