Por Claudia Rafael

(APe).- “Homicidio agravado”, dijeron los camaristas y ordenaron detener a Francisco Pintos. Prefecto. El que por la espalda y con un fusil determinó el final de la vida de Rafael Nahuel, el pibe mapuche de 22 años. Mil excusas para decidir quién vive y quién no. Francisco Pintos, en nombre del estado, ése que se viste de lobo para salir a cazar, ahora deberá ser juzgado por homicidio agravado y no ya por exceso de legítima defensa como habían venido esquivando hasta ahora y desde hace un año y medio.

Francisco Pintos, mano de obra, brazo armado de un pacto social creado para criminalizar a los que asoman la cabeza y se rebelan al orden establecido. “Homicidio agravado” y no ya el prefecto que se defiende disparando por la espalda. Con fuego que es real, contundente, asesino. Que estalla ante los que recuperan sus tierras, ante los que toman las calles, ante los que se asumen transformadores de la desmemoria y la usurpación.

Hasta que los camaristas de General Roca estamparon su firma en el cambio de calificación legal, nadie había asesinado a Rafita. Tal vez, precisamente porque Rafa Nahuel era un nadie a los ojos del Estado. Como tantos nadies que deambulan por los márgenes de la historia y que, a la vez, hacen la Historia desde abajo. Nadies que son fusilados como dulces pájaros en vuelo por una civilización que devasta. Que escupe muerte. Que derrama terror. Y que establece desde los discursos del poder y desde la práctica cotidiana que hay quienes serán los dueños de la vida y portadores de los instrumentos de la crueldad, porque tienen permiso oficializado para matar.

Homicidio agravado, dicen hoy los camaristas un año y medio después.

Un prefecto. Un solo prefecto, ante la decisión entera de un Estado.

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