Por Laura Taffetani (APe).- En las vísperas de las fiestas de fin de año 8 Hogares Convivenciales sufrieron las clausuras administrativas por parte de la Agencia de Control del Gobierno de la Ciudad.

Esto es así en el marco de la hipocresía adoptada por los organismos estatales, al tratar de esconder la responsabilidad que tuvieron en la tragedia de Cromañón.

Cada fin de año, inevitablemente, las imágenes de ese 30 de diciembre de 2004 nos vuelven a la memoria: con sus sobrevivientes llorando abrazados al borde de la vereda, las zapatillas esparcidas por el lugar esperando al dueño con su otro par y la gente deambulando como espectros por los hospitales buscando noticias de vida de sus afectos más amados.

Ciento noventa y cuatro jóvenes que el humo y las llamas devoraron en pocos minutos y una decena más que años después, fallecieron como consecuencia del siniestro, fue el costo que pagamos a un modo de vivir que no terminamos de cuestionar y menos aún de abandonar.

Cromañón fue un aprendizaje brutal para los habitantes de la reina del plata a partir del cual, gracias a la lucha de familiares y amigos de las víctimas, se tuvo que reconocer que si las cosas hubieran sido como debieran haber sido, ello jamás hubiera ocurrido. No hay nada más doloroso frente a la pérdida de un ser querido que la conciencia de su evitabilidad.

El concepto responsabilidad resonaba insistentemente en las conversaciones y las discusiones en relación a quiénes debían asumirla. En realidad lo difícil es que siempre que hablamos de responsabilidad, los hechos nos colocan de algún modo frente a las Gorgonas y no hay espejo que pueda evitar vernos a nosotros mismos en la actitud que asumimos en nuestra vida cotidiana.

Y si bien esta discusión se fue desplegando a duras penas en la Legislatura y en la Justicia porteña, aún no dejamos de escuchar siempre algún comentario exculpatorio de los responsables señalados en esta tragedia atribuyendo el hecho a una fatalidad que les ha tocado vivir casi por la casualidad de justo haber pasado por la puerta.

Pero en ese debate, de lo que nunca nos atrevimos a hablar verdaderamente, es del principal responsable de la tragedia: el lucro insaciable de una sociedad de mercado que expone la vida humana siempre al borde del exterminio.

Muy por el contrario, la reacción posterior de parte de las entidades gubernamentales fue la de generar una serie de protocolos y procedimientos, junto con una batería de consejos para funcionarios desprevenidos que se puedan ver afectados por accidentes o tragedias “imprevisibles”. Medidas en las que, lejos de revisar las causas para evitar que esos hechos se sucedan en el futuro, se dedicaron a cumplimentar todas las formalidades necesarias para que su responsabilidad quedara del otro lado de la vereda.

Chivos expiatorios

Es bien sabido que ya forma parte de las estrategias gubernamentales que cuando una situación conflictiva se ha hecho pública, la mejor manera de invisibilizarla es la de meter todo en una misma bolsa, sacudirla bien y colocar el dedo acusador en los actores menos pensados para exculpar a los que verdaderamente la causaron con su imprescindible complicidad.

Así, comenzó un control irracional que se ejerció fundamentalmente en áreas e instituciones que poco tienen que ver con ganancias de empresarios inescrupulosos que dieron origen al siniestro. De este modo, los espacios culturales populares y los Hogares Convivenciales se convirtieron en los chivos expiatorios y víctimas de un desmesurado control.

Es en ese contexto que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sanciona la Ley 2881 en el 2008, regulando las condiciones de habilitación y funcionamiento de los establecimientos u organismos de atención para el cuidado de niños/as y adolescentes, sin contemplar la naturaleza y realidad de algunas de ellas que han nacido del compromiso de gente que decidió hacer lugar a la intemperie. Regulación que ignora las necesidades de los chicos y chicas que necesitan espacios donde entretejer historias y dolores, pero fundamentalmente donde se puedan encontrar cimientos firmes desde donde construir un proyecto de vida.

Inspectores que jamás entenderán los planes de evacuación por donde pueda escapar la tristeza, ni la necesidad de una mano tendida a tiempo en vez de la mirada “profesional” que categoriza o el tiempo compartido de educadores y chicos que jamás figurarán en legajos prolijos de frías oficinas, comenzaron a recorrer los Hogares, firmando actas y certificando el incumplimiento de una normativa que se sabe imposible de cumplir.

Cuando se acobijan niños y niñas con el alma rota de abandonos, maltratos o desamor sabemos bien que las fechas no son inocuas, los días del padre o de la madre que evocan una familia que no existe pero que el imaginario social se encarga siempre de señalarle su falta, los días del niño donde la desigualdad se viste de juguete y las fiestas de fin de año en las que ellos desearían sentar a la mesa a quienes seguramente no estarán. Entonces en esas fechas, los educadores y educadoras de los Hogares, se desviven por hacerlas llevaderas, por llenarlas de ternura y buscar de todas formas que puedan parecerse a las festividades que ellos merecen.

Clausuras

Desde 2013 la Agencia Gubernamental de Control sale a clausurar los hogares en el mes de Diciembre que no logran conseguir la habilitación. Controles que no se hacen en las empresas amigas, o locales bailables de buena paga y menos aún en los establecimientos estatales que albergan niños y niñas. Las visitas culminan su tarea clausurando en forma administrativa los lugares y dejan a salvo a los funcionarios preocupados de pasar un buen fin de año libres de todo problema.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una superpoblación de instituciones que supuestamente deben velar por todos los niños y niñas que habitan en su jurisdicción: El Consejo de Derechos de los Niños, niñas y Adolescentes, la Asesoría General Tutelar, la Dirección General de Niñez y Adolescencia, las Defensorías Zonales y en el caso de los Hogares, podemos sumar a los Jueces de Familia, los Defensores Públicos de Menores y la Comisión de seguimiento de Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio Público de Defensa. Ninguno pudo poner freno a la clausura de los siete Hogares en la Capital en estos últimos 30 días. Tampoco la Justicia, tan ágil cuando abriga otros intereses, en el Amparo que interpuso Hogares en Red el pasado 2 de diciembre y que acaba de desestimar el 29 el Juez Contencioso Administrativo y Tributario Osvaldo Otheguy, en una sentencia en la que los derechos de los niños y niñas que viven en los Hogares no merecieron ni una sola línea que diera cuenta del impacto que significa la situación para su vida.

Seguramente este fin de año, una vez más, los funcionarios podrán pasar tranquilos sus fiestas con su labor cometida. Funcionarios que no pisan los pasillos de los asentamientos y las villas pidiendo habilitaciones en las calles de donde provienen los niños y niñas que se encuentran en los hogares. Ellos saben bien cuál su verdadero rol en este sistema, sólo tienen que poner la mirada en el lugar equivocado para dejar de hacerlo donde conviene, por eso necesitan cuidarse por eso necesitan cuidar el sistema, para que todo siga igual, para que nadie sueñe en cambiarlo.