Penas y penalidades

Por Laura Taffetani

El ojo ve sólo lo que la mente está preparada para comprender.
Henri Bergson

(APe).- El 23 de Febrero, diversos espacios que trabajan con pibes, en un hermoso gesto de unidad, se pronunciaron en contra de la baja en la edad de imputabilidad mientras se discutía en el Ministerio de Justicia el nuevo proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil. Niños y niñas junto con Norita Cortiñas -esa madre de Plaza de Mayo que siempre lleva nuestra dignidad a cuestas- ingresaron a la sala donde se estaba sesionando y, con sus tímidas voces, de tanto silencio impuesto por generaciones, leyeron el documento. En esa mesa casi todos los actores, incluido UNICEF, dictaminaron en contra de bajar la edad.

Fue una jornada calurosa e intensa, casi victoriosa, de no ser por las urgentes declaraciones oficiales del gobierno que salieron a aclarar en los medios que dicho dictamen no iba a ser vinculante, quedando entonces al descubierto el poco interés por parte del Gobierno de sostener una discusión franca de política criminal, por eso de nada sirven las estadísticas, ni las razones que se puedan esgrimir. 

Mayor fue la sorpresa aún para los participantes de la convocatoria cuando posteriormente el Presidente Macri en su discurso de la Asamblea Legislativa planteó con gran hipocresía: “tenemos que dar un debate serio sobre el nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil”.

Nuestro martirologio

Hay nombres o hechos trágicos de niños y niñas que quedaron inscriptos en nuestra memoria porque su muerte, temprana e injusta, nos vistió de un luto difícil de olvidar.

En el año 1989, ocho niños hambrientos, algunos de ellos con menos de 12 años, compartían la celda en la Comisaría del Menor de la ciudad de Formosa por el solo hecho de no haber aceptado con suficiente resignación su destino de pobres. Tampoco quisieron aceptar las condiciones en las que estaban alojados y prendieron fuego a los colchones y también a sus vidas, porque el carcelero Maidana “no encontró las llaves” para abrir su celda.

En 1990, a María Soledad Morales le tocó estar en el lugar y el momento equivocado -ya sabemos que la mirada inocente de un mundo que se despliega no suele ser la mejor consejera para las niñas que comienzan sus primeros pasos de adolescentes- y su vida le fue arrebatada por los hijos del poder feudal de la provincia de Catamarca. Sus padres junto a la Hna Martha Pelloni y un pueblo alzado hicieron tanta justicia que hasta cayó un gobierno.

En 1991, Walter Bulacio de 17 años murió como consecuencia de haber sufrido torturas en la Seccional 35 de la Policía Federal donde lo habían llevado detenido en una razia policial durante el recital de los Redonditos de Ricotta.

En 1995, otro incendio, esta vez en la comisaría de Canning en Esteban Echeverría en el Gran Buenos Aires: Sergio Fau (15), Walter Giménez (16) y Javier González (16), sucumbieron bajo las llamas de su protesta sin recibir ninguna ayuda.

En el 2002, la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense denunció la existencia de escuadrones de la muerte en San Martín en el Conurbano Bonaerense, los que habrían asesinado a siete adolescentes: Gastón Galván, Miguel Burgos, Leandro García, Juan Salto, Guillermo Ríos, Fabián Blanco y David Vera Pintos, todos entre los 14 y 16 años de edad (justamente la franja etaria sobre la que hoy se está discutiendo la imputabilidad). Los investigadores demostraron la existencia de una zona en la que una Agencia de Seguridad Privada junto con la Policía habían conformado un grupo parapolicial responsable de dichos asesinatos.

En el 2004, a Diego Maldonado, Elías Jiménez, Miguel Aranda y Manuel Figueroa, que tenían entre 15 y 17 años, les tocó su turno en la llamada Masacre de la Comisaría 1era de Quilmes en la que dejaron su vida. En las fojas del expediente todavía resuena el relato de los testigos: cuando se inició el incendio los chicos pedían a gritos: “no nos peguen mas”. Con la piel quemada y ahogándose por el humo, los policías no tuvieron piedad. Los efectivos mientras sacaban a los adolescentes de las celdas donde había fuego, con palazos les preguntaban “¿quién inició el fuego? ¿Quien fue? Ahora aguántensela”.

En el 2009, Luciano Arruga de 16 años fue detenido en la Comisaría 8va de Lomas del Mirador y nunca más volvió. No aceptó robar para la policía y su dignidad le costó la vida no sin antes convertirse en bandera de lucha y resistencia de todos los pibes que cotidianamente son convertidos en soldaditos de la policía. Su cuerpo fue hallado en el 2014 después de cinco años de lucha sin descanso de su familia y compañeros.

En el 2011 fue Candela Sol Rodríguez Labrador, de tan solo 11 años, la que irrumpió en los titulares de los medios de comunicación. Fue secuestrada en la ciudad de Hurlingham y su cuerpo encontrado 9 días después en un descampado cercano a su domicilio. Fue tan obscena la cadena de complicidades policiales y judiciales que les llevó meses desmontar el escenario del crimen para dejar que el olvido y la impunidad pudieran dar fin a su calvario mediático.

En el 2013, Kevin Molina no pudo festejar sus 9 años porque su vida quedó atrapada en la balacera de dos bandas que se tirotearon en la Villa Zavaleta con la anuencia de las fuerzas de seguridad que habían liberado la zona .

La lista proviene de tiempos inmemoriales y es mucho más extensa pero cada uno de ellos son representativos de una situación que los chicos viven a diario. Estos pibes y pibas no pertenecían al gobierno de turno, ni a la oposición del momento. Tampoco militaban en ningún partido de izquierda. No estaban a favor, ni en contra de la baja de imputabilidad, pero a todos ellos los perdimos antes que lleguen a la mayoría de edad.
Sus nombres o las circunstancias en que murieron, trascendieron las páginas policiales, sin embargo, estos casos nunca fueron vinculados a la inseguridad ciudadana. Mucho menos aún –por su impunidad y la práctica sistemática- fueron señalados como política de Estado sino más bien, como un daño colateral necesario para que nuestras fuerzas de seguridad puedan cumplir su misión.

Siempre hemos hablado en serio

Pero cuando el escenario político que prepara las elecciones necesita de sangre joven para encubrir sus sucios negocios, ahí aparecen los pibes como problema de seguridad nacional.

Quizás entonces, debamos hablar seriamente de lo que la dirigencia política no desea poner en debate.

Porque si vamos a hablar de inseguridad es evidente que el verdadero problema no está en los pibes que se señalan como responsables sino en los oscuros entramados que gobiernan nuestros barrios a través de mafias, punteros, policías y funcionarios judiciales que encubren; a través de una sociedad que en el consumo desenfrenado ha devaluado la vida humana y de la inmensa soledad con la que nos hemos rodeado dejando nuestra cría a merced de los lobos. Huelga decir que de toda esta situación, los chicos y las chicas en nuestro país son sus víctimas, no sus victimarios.

Edición: 3348