Por Silvia Carrizo (*)

   (APe).- Las transparentes y cálidas aguas del Mar Mediterráneo son el paraíso para millones de personas que viven y visitan el Levante español, la Costa Azul francesa, Italia, Grecia, Turquía, Egipto y Marruecos, y son al mismo tiempo el cementerio para decenas de miles de mujeres, hombres, niñas y niños que mueren intentando cruzar esa frontera en busca de una vida diferente.

La organización patriarcal capitalista, teocrática y racista que concibió al mundo como el Norte, ejemplo de civilización, y al Sur como su fuente de financiamiento, no hizo aún memoria, justicia ni reparación por el genocidio africano de la esclavitud. Hoy con la misma lógica mira hundirse en el mar a 500 personas en un día -como ocurrió el pasado 3 de octubre en el naufragio frente a la isla Lampedusa- y no rectifica una coma de la política migratoria de la Unión Europea ejecutada a través de Frontex y Eurosur por la que se asignan 118 millones de euros al año (118.187.000 euros) destinados a la violación de los derechos humanos y para que el mar no arroje los cadáveres, ni a las personas supervivientes sobre las cálidas playas del Mediterráneo como ocurría en Canarias en los primeros años del Siglo XXI.
En el caso de Reino de España, la migración irregular que ingresa por la vía de las “pateras” o “cayucos” es proporcionalmente inferior a la que ingresa vía terrestre y aérea, pero es la más castigada, perseguida y estigmatizada. Las imágenes de mujeres embarazadas o con niñas y niños en los brazos rescatadas de un naufragio, o de adolescentes encontrados entre las ruedas de un camión cruzando la valla de Melilla, son juzgadas como de irresponsabilidad y barbarie por parte de las conciencias eurocentristas heterosexuales y androcéntricas.
“¡Cómo se puede subir a un cayuco con una bebe!” “¡No son niños. En sus países con esa edad (13 años) saben lo que quieren!”. Es el juicio rápido con el que se juzga a las personas que después de ese rescate serán encarceladas en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE's), e institucionalizadas en el caso de los menores, sin importar la trayectoria vital que los trajo hasta ahí.

Para una mujer, un niño, un hombre africano, el viaje migratorio desde los países subsaharianos hasta la costa del Mediterráneo europeo puede durar entre 3 y 6 años. En el camino van sorteando desiertos, zonas de guerra, mafias, hambre, esclavitud, agresiones, abusos sexuales y violaciones cuya consecuencia son las bebes que se ven los brazos de sus madres bajar de las lanchas de rescate. El destino de estas mujeres y sus hijas e hijos es la reclusión por 6 meses en los CIE's en régimen carcelario, sin contacto con el exterior, sin posibilidad de acceso a su red social, sin atención de salud, ni educación. Una privación ilegítima de la libertad, ejecutada por el “Estado de Derecho”.
El recorrido de los adolescentes rescatados es diferente, y bajo el paraguas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, se los considera “menores inmigrantes no acompañados”, estatus que les abre la puerta a los centros de acogidas para menores. Ser considerado menor, no es una declaración verbal de la edad, ni un certificado de nacimiento. A cada adolescente que llega ( los menores no acompañados son en casi todos los casos varones) el primer registro de su edad lo marca la persona funcionaria del lugar, que según su ojo entiende que puede tener 15, 16 ó 17 años. Si el ojo del personal de la Policía Nacional duda, el adolescente será sometido a una radiografía de muñeca por la que se determinará su edad y su destino. Si tiene 18 años -como en el juego de la oca- retrocede al casillero CIE's donde otro funcionario decidirá cuál es el país de origen de ese joven cuya lengua nadie entiende, que procede de una comunidad que en su viaje pudo desaparecer y que no tiene dónde volver. Pero aún así un avión financiado por Frontex y Eurosur lo dejará en medio del desierto abandonado a su suerte.
Una vez reconocido como “menor inmigrante no acompañado”, el destino de los jóvenes es sorteado entre las comunidades autónomas, las cuales establecen cupos de acogida. Si bien las políticas públicas de atención a la infancia varían de una comunidad a otra, en líneas generales el itinerario de acogida de los menores inmigrantes no acompañados es similar: ingresar a un centro de menores en situación de riesgo y exclusión social, alfabetización, capacitación laboral, tutela pública de su bienestar y seguridad y si su desenvolvimiento es bueno, se le otorgará el certificado de estudios básicos aprobados antes de llegar a la mayoría de edad.
A los 18 años y un minuto, esta forma de vida termina como el fin de un encanto de hadas, aunque la vida no fuera rosa. Ese día el joven deberá abandonar el centro, buscarse la vida solo y cuidarse de no ser arrestado. Por seguridad debe cambiar de comunidad porque sabe que la Policía Nacional lo detendrá, y lo enviará al CIE's, perdiendo así la red social que pudo haber construido en esos dos años en el centro de acogida. Sin trabajo, sin familia, sin red, sin papeles, las calles de la ciudad son -una vez más - el desierto, las mafias, las guerras, la esclavitud, el abuso al que tiene que sobrevivir.

(*) Periodista argentina residente en España

 

Edición: 2554

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