Por Carlos del Frade

(APE).- Tucumán no para de sufrir. Todavía deben estar mirando los ojos de sus chicas y chicos desnutridos desde algún lugar de la historia reciente de los argentinos. De la dulzura de la caña de azúcar quedó poco para sus mayorías trabajadoras.

 

Riquezas en pocas manos y costos, demasiados, entre los que son más.

Tucumán, el jardín de la república, no para de sufrir.

Los ríos explotaron y salieron de sus cauces en los primeros días del año y, una vez más, los inundados eran los desocupados de ayer, aquellos pibes que gambetearon la ausencia de comida como pudieron.

Pero el sufrimiento tucumano no es producto de castigos celestiales, sino de los saqueos impunes.

Son maniobras que se construyen sobre las necesidades y urgencias populares. Si alguien, alguna vez, dijo que allí donde hay una necesidad existe un derecho; ahora, en la Argentina crepuscular del tercer milenio, allí donde hay una necesidad, habrá, sin dudas, un negociado.

La provincia de Tucumán, junto a las de Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Corrientes, son los territorios donde mayor déficit habitacional existe.

Supera al 45 por ciento de su población.

El sueño de la casita propia todavía ni siquiera se imaginó en estas tierras argentinas.

A partir de semejante desesperación cotidiana para sus habitantes, se estructuró la nueva infamia que pesa sobre los tucumanos.

En septiembre de 2006, el Instituto Provincial de la Vivienda junto a la empresa GAMA, entregaron un grupo de setenta y dos casas a las familias que se agrupan al sudoeste de la capital tucumana.

Cuatro meses después, las tormentas pusieron de manifiesto los resultados de la corrupción reciclada.

“Los pisos hundidos, las lozas desniveladas, los azulejos desprendidos, las fallas en las conexiones eléctricas y otras desprolijidades no estaban incluidas en los planes de los frustrados compradores”, dicen las crónicas periodísticas del lugar.

Los pisos, según describen los testimonios de los vecinos, están a punto de convertirse en pozos; las casas no tienen puertas internas, bidets ni celosías; hay cables desnudos y los terrenos están sobre basura.

Una estafa contra los que menos tienen. Con dineros públicos que se cobraron y con ganancias privadas que nadie verificó.

Quedaron los costos, una vez más, para los habitantes de Tucumán.

Hay aguas estancadas, casas inundadas por los desniveles de los suelos y hasta víboras en los alrededores.

Cada una de las familias tiene que pagar, además, cuatrocientos ochenta cuotas de ciento siete pesos. Más de cincuenta y un mil pesos por vivienda.

Por ahora no hay funcionario oficial que se haya hecho cargo del nuevo robo perpetrado contra los tucumanos.

Por eso, los tucumanos no paran de sufrir, no por efecto de la naturaleza ni como consecuencia de castigos bíblicos, sino por la impunidad de aquellos que usan el Estado para generar ganancias privadas.


Fuente de datos: Diario El Siglo - Tucumán 26-01-07

 

 

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