Por Sandra Russo

(APE).- La idea hace rato que está en danza, y reaparece en distintos lugares y en diferentes circunstancias que, en realidad, no son tan diferentes: cuando arrecian las quejas de vecinos por menores que delinquen o simplemente deambulan, como ocurrió ya en Mendoza y La Pampa, a alguien se le ocurre enviar a la respectiva Legislatura un proyecto de ley que sancione a los padres de los menores con multas o prisión. En este caso, la idea fue reflotada en San Luis, provincia cinematográfica y aparentemente, según sus esporádicos y carísimos spots publicitarios, de pleno empleo. Sin embargo, con una minoridad amenazante. El gobierno puntano elaboró un proyecto según el cual los padres de un menor que cometa un delito que ellos podrían haber evitado serán arrestados y deberán cumplir una pena de hasta 120 días de prisión. La aprobación del proyecto implicaría modificar el Código Contravencional local.

Esta semana la iniciativa recibió tratamiento en la Cámara de Diputados de la provincia, según agregó la agencia Télam.

Para la aplicación de estas medidas, el gobierno dispuso la creación de 22 fiscales barriales y departamentales distribuidos en toda la provincia y se designará un fiscal por cada comisaría en las dos principales ciudades de la provincia, San Luis y Villa Mercedes.

El proyecto del gobierno puntano indica que cada vez que se cometa un delito, la policía deberá avisar al fiscal barrial, quien será el encargado de realizar el sumario y avisar a su vez al juez de instrucción, quien dirigirá la confección de las actuaciones y controlará la investigación.

"La policía deberá acatar las órdenes de los fiscales y éstos tendrán la facultad de dirigir la investigación de los delitos cuyas penas privativas de libertad no sean mayores que cuatro años", sostiene este proyecto.

Hace falta agregar, para hacer una relectura de esta noticia, que el chico en la calle o el chico implicado en un robo no es un sujeto para este tipo de proyectos de ley, sino un objeto del que el Estado se desentiende, como si los derechos vulnerados de esos menores (derecho a una vivienda digna, derecho al juego, derecho a la alimentación, entre tantos otros) fueran exclusiva responsabilidad privada de los padres, ante una sociedad que sólo se reserva el derecho de sanción y castigo. Una aberración sólo comprensible en el marco de un gobierno provincial que busca glamour y que pretende esconder la basura debajo de la alfombra.

Fuente de datos: Diario La Nación 11-12-06

 

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