Por Carlos del Frade

(APE).- -Tiramos una chapa en el piso y arriba un colchón y ahí dormimos todos juntos como podemos, pero en el invierno sufrimos mucho porque hace mucho frío y los chiquitos se me enferman seguido -contó Gabriela Moreno, mamá de tres chicos y habitante del barrio General Paz de la estragada, saqueada y siempre resistente provincia de Santiago del Estero.

Nahuel tiene siete años y sufre hidrocefalia, mientras que Camila, con apenas nueve meses, es portadora de HIV. Otra niña de cuatro años completa la familia.

Viven junto a otra pareja en algo parecido a una carpa y gambetean la miseria con vales sociales y con las monedas que vienen por la habilidad de Gabriela para lavar la ropa de otros.

Los pibes almuerzan en un comedor barrial.

-Pero ahora nos dijeron que posiblemente en los próximos días cierren porque no están recibiendo la mercadería, así que en ese caso no sé a dónde vamos a recurrir -agregó la mamá santiagueña.

-No quiero que mis hijos sigan viviendo así, por eso les pido ayuda a todos los santiagueños, no sólo para mí sino principalmente para mis hijos que son los que tienen más necesidades porque están enfermos -le dijo Gabriela a los periodistas.

Mientras la mamá de tres pibes invoca los cansados duendes de la solidaridad, hay otros, muy lejos de allí, en Capital Federal que también piden más dinero para -según dicen- ofrecer y tener más y mejor salud.

Son los dueños de las empresas de salud prepagas, las que dicen sufrir un atraso en sus costos y consiguiente merma en sus ganancias.

Ellos, los referentes del saqueo del servicio estatal de salud en beneficio de unos pocos, son recibidos por los principales funcionarios de la administración nacional argentina y son escuchados con esmero.

Los mismos que hicieron de la salud una mercancía más exigen un treinta por ciento más para cobrar sus cuotas. Necesitan aumentar el dinero que les ingresa para así garantizar una salud cada día más privada y más privativa para gente como Gabriela y sus tres hijos.

Ellos, los empresarios de la enfermedad, exigen que el gobierno nacional atienda sus necesidades, en realidad, que responda a sus intereses.

La salud que se les priva a las familias de desesperados, es la que se garantiza como negocio a los privilegiados que se quedaron con los restos de la historia de un pueblo que alguna vez hizo de los derechos sociales una bandera de orgullo para otras regiones del planeta.

Gabriela pide piedad para los suyos. En Buenos Aires, en forma paralela, exigen respeto por los negocios que se hacen en nombre de la salud que ya no tienen familias como las de Gabriela.

Y el gobierno nacional, el mismo gobierno que hace de los derechos humanos un emblema, les da respuesta a los magnates de las prepagas.

Lejos de los lugares de decisión, en tierras que alguna vez fueron el vergel de la civilización, en Santiago del Estero, sobre un colchón que apenas puede con su función, ocho personas se arraciman entre si, al tiempo que sueñan con una casa, salud, educación y con chicos sonrientes.

Esos deseos que no entran en los cálculos de las empresas de medicina prepaga y que, lamentablemente, parecen que tampoco ingresan en los despachos estatales.

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